La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, acordó un cuarto intermedio para incorporar una serie de propuestas en el predictamen de los proyectos de ley que suspenden y/o congelan obligaciones financieras, bancarias y comerciales contraídas por personas naturales con entidades crediticias.

El titular de la comisión, José Luis Luna Morales (Podemos Perú) hizo un listado de las opiniones que habían recibido (de la Superintendencia de Banca y Seguros y Osinerming, por ejemplo), de las cifras millonarias que habrían recibido las grandes entidades bancarias y financieras en el último año, y sostuvo la necesidad de sentar una diferencia entre bancos, cajas y micro financieras.

Luna Morales incidió en que la Asociación de Bancos había señalado que esta propuesta sería anti constitucional por ir contra el modelo económico establecido en el país; pero, enfatizó que nuestro modelo económico, definido en la Constitución política del Perú, es uno social de mercado, y no simplemente de mercado.

“El Estado debe decidir a quién protege mejor: a los ciudadanos de a pie, o a las grandes empresas”, emplazó Luna Morales. “Si el gobierno no puede enfrentarse a esos empresarios, este Congreso sí lo hará”. Y precisó de inmediato el carácter temporal de la medida, que permitirá reactivar la economía familiar y, de esa manera, afrontar el impacto del COVID-19.

El primer congresista en tomar la palabra en el debate fue el parlamentario José Luis Ancalle (Frente Amplio, quien dijo recoger el clamor de la gente y por ello debería acumularse su Proyecto de Ley 4866 que versa sobre las mismas medidas.

Ancalle, propuso, además, un texto sustitutorio en el que proponía el congelamiento del cronograma de los créditos hipotecarios y de todo tipo de endeudamiento cualquiera sea su denominación por sesenta días, sin moras, multas e intereses, y perder la calidad crediticia.

El parlamentario Rolando Campos Villalobos (Acción Popular) expresó la necesidad de ser reflexivos, pero también tenemos que defender a las mayorías. No es cierto que los proyectos de ley digan que no se pague, solo se pide que se postergue o congele el pago. “Vencido el plazo, se podrá reanudar el cobro correspondiente”, señaló.

Solicitó también la acumulación de su iniciativa legislativa 5333, que tiene el mismo espíritu. Igualmente, el congresista Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) pidió la acumulación de su Proyecto de Ley 5500.

Otras voces
La congresista Carmen Omonte Durand (Alianza para el Progreso) manifestó que es muy importante que el Congreso responda a la demanda de la ciudadanía en estas circunstancias tan difíciles.

“Esta propuesta es valiosa, pero sí creo que es importante analizarlo más. Porque no es un tema sencillo. Es necesario realizar un análisis de los afectados y de los beneficiados”.

Omonte Durand sostuvo que el efecto de esta propuesta podría estar con los ahorristas. Y habría que segmentar a los beneficiados, segmentar a aquellos que realmente necesitan este apoyo.

La legisladora María Luisa Silupú (Fuerza Popular) fue más directa y planteó la posibilidad de que esta iniciativa tenga un impacto en la economía de los pobladores del país, ya que el artículo 62 de la Constitución establecido que los contratos no pueden ser modificados por ley.

Silupú solicitó la creación de un grupo de trabajo para analizar este predictamen con todos los involucrados, en vista de que previamente a este debate se había escuchado que con esta medida las Cajas de Ahorro podrían quebrar. “A veces los políticos cometemos el error de pensar en las próximas elecciones”, dijo. Nos toca pensar en lo que dejaremos para las próximas generaciones”.

En torno a la Cata Magna, la parlamentaria Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú) señaló que, así como se alude al artículo 62 de la Constitución, debería observarse el artículo 65, en donde se dice que “el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios”. O el artículo 87, que “el Estado fomenta y garantiza el ahorro”.

Telecomunicaciones
En función de que previamente se había discutido la Resolución 067-2020-CD/OSIPTEL en el que el Consejo Directivo de la entidad modificó la fecha para corte de los servicios de comunicaciones para el 15 de junio, diversos parlamentarios subrayaron la importancia de incluir en el predictamen la suspensión del pago de estos servicios. Además de solicitar la presencia del presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, para una próxima sesión.

Lima, 15 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO