La Comisión de Constitución prosiguió el viernes 11, en sesión extraordinaria, recibiendo opiniones sobre los proyectos de ley que regulará y sancionará el financiamiento a los partidos políticos con dinero proveniente de fuentes ilícitas, debido, según los expertos, a la insuficiencia y precisión de normas de sanción en el  Derecho administrativo y penal.

            El penalista Dino Caro Coria dijo que tipificarlos como probables delitos de corrupción es solamente aplicar paliativos frente a los vacíos que existen en la legislación actual. Comentó que en donde hay supuestos delitos (entre ellos el tráfico de influencias) la administración pública se ha protegido con la promulgación de normas.

            Destacó que no es importante, por ejemplo, que un candidato a un cargo público alcance su objetivo, para recién iniciar una acción penal, sino que hay una necesidad de protegerse adelantadamente. Comentó que si un partido se excede en los aportes delimitados por la ley, se tipifica según la legislación actual como una falta administrativa y no como una acción penal.

            Debido a esta situación, países como Colombia (en 2017) incorporó una sanción penal al financiamiento ilegal a los partidos políticos, pero esta figura – en el Derecho comparado, según el abogado penalista, ya apareció en 1974 en Italia, luego en Francia (1988), Alemania y también en Brasil y México. El financiamiento ilegal, dijo, es muy parecido al tráfico de influencias dentro de los denominados casos de corrupción.

            Resaltó que el Código Penal determine una sanción para los aportes ilegales a los partidos políticos y expresó su acuerdo, por ejemplo, con la propuesta de la congresista Marisa Glave, que sanciona (hasta con cuatro años) a los que reciben aportaciones o donaciones a los partidos políticos, contraviniendo la Ley de Organizaciones Políticas (28094).

            También intervinieron los doctores César Azabache Caracciolo y los representantes del Poder Judicial, Juan Sánchez Córdova y Susana Silva Hasembak.

            Azabache destacó que se haya logrado el consenso para introducir herramientas al Derecho penal sobre el tema, porque se necesitan reglas claras sobre lo que está prohibido, lo que está permitido y hasta dónde.

            Agregó que en la medida que se construyan prohibiciones al financiamiento proveniente de fuentes ilícitas se debe crear las herramientas de precisión y medición de este tipo de conductas.

            En otro momento, señaló que el lavado de activos supone varios elementos, entre ellos la identificación del delito y el uso del dinero y que no siempre se va a poder probar la fuente, pero es importante poner reglas de infracción y evitar antes de que ocurra y se pervierta el sistema.

            Por su parte, los miembros del Poder Judicial expresaron su conformidad con penalizar los aportes ilícitos y dijeron que “se está en un punto de no retorno” sobre la decisión de sancionar el financiamiento a los partidos de fuentes ilegales, sea de personas naturales o jurídicas.

            La presidenta de la Comisión, congresista Úrsula Letona, dijo que se trata de un análisis constitucional sobre los cuatro proyectos de ley (de las congresistas Marisa Glave, Marisol Espinoza, Patricia Donayre y Gilbert Violeta,) sobre este tema –que ya fueron sustentados el pasado 4 de mayo-, y luego de haberse logrado el consenso, se espera la elaboración de un solo dictamen y debatirlo al interior del grupo legislativo.

PRENSA CONGRESO

 11-5-18

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