Para garantizar la oportuna reglamentación de las leyes en beneficio de la población y evitar que, en la práctica, se vete las leyes aprobadas por el Congreso, la Comisión de Constitución y Reglamento, aprobó por mayoría, el dictamen que establece un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo cumpla con esta función.

La propuesta, que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que en caso el Poder Ejecutivo incumpla ese plazo, constituirá una infracción a la Constitución siendo obligación del Congreso, denunciarlo por este concepto.

En el texto sustitutorio de la iniciativa legislativa, de autoría del congresista Luis Aragón Carreño (AP), la comisión plantea un plazo de 120 días hábiles para reglamentar las que le faltan, hasta la actualidad.

El presidente de la comisión, Hernando Guerra García Campos (FP), señaló que desde el año 2016 a la fecha, hay 87 leyes que no cuentan con reglamentación, y, en consecuencia, no pueden ser ejecutadas.

Indicó que 74 de las leyes promulgadas tienen el plazo vencido, siete están dentro del plazo y seis no cuentan con plazo.

“Esto significa una falta de interés de parte del Poder Ejecutivo, lo que trae como consecuencia, el no cumplimiento de las leyes; en la práctica una cuestión de veto y que no se garantice el desarrollo de las normas en beneficio de la población”, dijo al tiempo de agregar que se vulnera el equilibrio de poderes, además de que cabe la posibilidad de que se desnaturalice la norma.

Aragón Carreño dijo, por su lado, que la aprobación de la propuesta, permitirá que el incumplimiento de esta función sea sancionado y generar responsabilidades políticas y administrativas en los funcionarios responsables.

Los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP), Alejandro Cavero Alva (Avanza País) e Ilich López Ureña (AP) se manifestaron en favor de la iniciativa. Por su lado, Ruth Luque Ibarra (CDJPP) se manifestó en contra por considerar que este tema ya fue regulado en el Reglamento del Congreso.

De otro lado, la comisión aprobó por mayoría, la propuesta que modifica el Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que estructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado.

La iniciativa legislativa busca preservar la autonomía administrativa e independencia funcional en la designación de las procuradurías públicas del Poder Legislativo y Poder Judicial y organismos autónomos y conservar la separación de poderes en un estado de derecho.

BICAMERALIDAD

El presidente de la comisión anunció que en la próxima semana se conversará sobre el proyecto de renovación por mitades y en la subsiguiente ver el dictamen.

Asimismo, a pedido de varios congresistas, dijo que se retomará la discusión sobre la bicameralidad, que está en reconsideración en el Congreso para ver si se llega a un acuerdo y se destrabe y se vote en los siguientes meses.

SUSTENTACIONES

Los legisladores, en una parte de la sesión, tuvieron oportunidad de sustentar sus propuestas.

En ese sentido, el parlamentario Alejandro Muñante Barrios (RP), autor del Proyecto de Ley 1142/2021-CR, hizo lo propio sobre su planteamiento de modificar el artículo 11 A e incorporar el artículo 25-A en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas.

El objetivo es establecer y asegurar que las personas con sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autora o cómplice, por delito de corrupción de funcionarios, estén impedidas de ejercer cargos en los órganos de gobierno y/o directivos en los partidos y organizaciones políticas, con la finalidad de prevenir la corrupción dentro de los partidos y organizaciones políticas.

Por su lado, el congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN), autor del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 3012/2022-CR, que propone modificar el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República con la finalidad de permitir la mayor participación de los congresistas de la República en comisiones ordinarias y otras.

Finalmente, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP), autor del Proyecto de Ley 4215/2021-CR, plantea modificar el artículo 21 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en el sentido de que el Jurado Nacional de Elecciones asigne a cada circunscripción electoral no menos de dos escaños.

OFICINA DE COMUNICACIONES