Tres informes de la Comisión de Ética que declararon fundadas las denuncias contra los congresistas Carlos Bruce Montes de Oca, Maritza García Jiménez y Yesenia Ponce Villarreal, fueron puestos para debate y aprobación por el Pleno del Congreso en su sesión del jueves 23.

            El primero de ellos modificó la propuesta de la Comisión de suspender por 120 días al congresista oficialista. Mauricio Mulder propuso una cuestión previa para que la sanción sea una amonestación escrita y una multa de 60 días de remuneración. Luego de aprobarse con 53 votos y 41 en contra, la votación final del Pleno ratificó la propuesta con 73 votos a favor, 23 en contra y 12 abstenciones.

            La denuncia en contra del congresista Bruce es por haber violado el artículo 2 el Código de Ética Parlamentaria (“el congresista realiza su labor conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez y veracidad…”) al hacer uso de los bienes y servicios del Congreso.

            Los hechos se remontan al 6 de diciembre cuando su despacho envía un oficio al jefe de la Región Policial de Lima, general PNP Hugo Begazo Bedoya, para que la PN otorgue seguridad policial y apoyo vehicular a las personas invitadas –entre ellas ministros, congresistas y personalidades- a la inauguración de su restaurante en Barranco.

            La sustentación del informe estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Ética, congresista Janeth Sánchez.

            En su descargo, el denunciado congresista Bruce afirmó que en su momento pidió disculpas y que lo se tuvo en ese momento fue una interpretación errónea. Lo que hizo, afirmó, es seguir las sugerencias de su personal de seguridad de poner en aviso de la presencia de los invitados en la inauguración. Agregó que no fue “un mandato” a las autoridades policiales porque el local tuvo contratada seguridad privada; por lo tanto, no existió provecho para su persona o para su local.

            El congresista dijo que el mismo día reconoció el error porque afectaba la imagen del Congreso, pero rechaza que se quiera decir que usaba su condición de congresista. Explicó en su intervención que no se dio cuenta del oficio que firmaba. Tampoco hubo una conducta entiética, ni hubo abuso de poder o de aprovechamiento.

            Tamar Arimborgo (FP), al pedir la palabra, dijo que Bruce había violado la Constitución y el Reglamento del Congreso y que el derecho que se tiene como congresista no amparaba el abuso personal o favorecer a terceros. Estuvo de acuerdo con la sanción de 120 días de suspensión que recomienda la Comisión.

            En la breve ronda de intervenciones, el congresista Clayton Galván pidió “no más odios” y dijo que se “estaban acuchillando” en el mismo Congreso, por lo que pidió a sus colegas un mea culpa. Por su parte, Alberto de Belaunde (NoA) comentó que el congresista Bruce no tuvo intención de cometer una falta ética, que en toda su labor de parlamentario nunca había sido sancionado y que había que tener conocimiento de la graduación de la pena. No es un ánimo de salvarlo, sino pensar como Congreso.

            El congresista Mauricio Mulder dijo que se trataba de temas enojosos, pero son parte de la vida política y que los casos de congresistas acusados quedaban muchas veces sujetos al libre albedrío, apuro o humor de los congresistas. Propuso la cuestión previa para reducir a una amonestación, lo que fue aprobado poco después.

            También usaron de la palabra los congresistas Gilbert Violeta (dijo que era un tema difícil de valorarlo en la bancada oficialista, y que la acción de Bruce no había afectado al Congreso o al Estado. Afirmó que era una inconducta ética, pero debería revisarse la sanción); Alberto Quintanilla (pidió ser objetivos en el análisis); Eloy Narváez (dijo que había votado en contra en la sesión de la comisión de Ética), y Yonhy Lescano: dijo que con esta sanción la Comisión de Ética estaba tratando de salvar su trabajo.

CASO MARITZA GARCÍA

            El segundo informe fue la acusación en contra de la congresista Maritza García Jiménez por consignar información falsa en la declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones respecto a sus estudios secundarios y de postgrado en la Universidad de Piura.

            La denuncia interpuesta por el ciudadano Luis Márquez Pimentel ingresó a la Comisión de Ética en octubre de 2016 y en febrero del año siguiente se realizó la investigación con la presencia de los denunciantes y la congresista denunciada.

            Durante el proceso de investigación se encontraron contradicciones que, según la congresista García, “son parte de un acto maquiavélico” en su contra. La denuncia es por haber consignado fechas falsas en sus estudios de 4º y 5º años de secundaria sobre los cuales no existen certificados de estudios en el Colegio San Marcos de Piura. Se consigna que ella estudió en 1987 el quinto año de secundaria, pero no aparece su registró, sino en 1994.

            Por otro lado, la congresista, según la denuncia, no culminó sus estudios de maestría en Derecho Penal que habría realizado en 2006 al 2007, hechos que fueron desmentidos por Maritza García en su defensa. Ella dijo que sí había estudiado y hay fotos que registran el momento de la graduación.

            Participaron luego las congresistas Luz Salgado y Karla Schaefer. Esta última dijo que nunca ha recibido visitas de personas que han denunciado a la congresista García Jiménez, ni ha recibido documentos de denuncias en contra de ella. Negó que haya estado detrás de esas denuncias y que el caso de su ex colega de partido se trató en una reunión de bancada.

            De igual forma, la congresista Úrsula Letona expresó su “absoluto rechazo” a las acusaciones de no respaldar los informes de la Comisión de Ética. Dijo que el informe en debate, y otros, son un mensaje que se está en lucha contra la corrupción. Comentó que a los congresistas se les quiere hacer ver como víctimas de una satanización por parte de Fuerza Popular. Pidió evaluación de pruebas y propuso, poco después, que el informe, una vez votado, vaya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

            En el debate general, la presidenta de la Comisión de Ética hizo un llamado a la calma y a no hablar de cosas sin sentido y dijo que ella garantizaba los informes finales; mientras que Hernando Cevallos dijo que el primer informe –contra Bruce- debió sancionarse con energía y  sobre el informe de la denuncia contra Maritza García –que merece una sanción, dijo- se debe actuar con honestidad y no con doble moral. Preguntó cuál fue la posición de FP cuando se verificó la hoja de vida de la congresista.

            Por su parte, la congresista Marisa Glave afirmó que era grave lo que estaba sucediendo, que se trataba de un tema delicado y había contradicciones. Mostró un certificado del Ministerio de Educación, repartido por la congresista García, en la que se dice que ella terminó sus estudios en 1994. “Si mintió, debe ser sancionada”, acotó.

            Igualmente pidieron intervenir los congresistas Alberto Quintanilla, Roberto Vieita (pidió que se respete al debido proceso y que se admitan nuevas pruebas), Lucio Ávila (afirmó que habían medias verdades), Karina Beteta dijo que Maritza García había tenido dos años para probar sus estudios y que ella se quiere mostrar como víctima) y Francisco Petrozzi afirmó que la ética no era un concepto relativo y que no se iba a blindar a nadie.

            Puesto al voto por disposición de la presidencia, el informe de la Comisión se aprobó con 80 votos, 9 a favor y 9 abstenciones. Se le sancionó con una suspensión de 120 días de legislatura, sin goce de haber. Luego se votó el pedido de Letona para que el informe se remita a la Subcomisión de Acusaciones: 62 votaron a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.

CASO YESENIA PONCE

            El tercer informe tiene que ver con la congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, por haber solicitado al ciudadano Aldo Rodríguez Uceda realizar un depósito bancario de 10 mil soles en abril de 2017 perteneciente al ex director del Colegio Particular Mariscal Luzuriaga, por haberle favorecido con la expedición de documentos y certificados de estudios falsos en los años 1995-96 y hacer declaraciones falsas a su favor.

            Asimismo, se le acusa de haber consignado nombres de presuntos compañeros “fantasmas” de estudio de 4º y 5º año de secundaria. Por ejemplo, se dijo en la lectura del informe a cargo de la presidenta de la Comisión de Ética que ella era la única alumna de 20 compañeros de clase; y tuvo una sola compañera de aula en el quinto año, de un total de 16 alumnos.

            Sobre este tema no hubo debate, excepto la intervención la presidenta de la Comisión, quien afirmó que se “había malinterpretado el informe” y que lo que se trata en este grupo multipartidario era las conductas o inconductas de los congresistas. Explicó que según la UGEL 4, de Comas, no existen certificados de estudios de la congresista Ponce, que no figuran en las actas y que el problema de fondo es la existencia de documentos –certificados de estudio- falsos.

            Luego, el presidente de la Mesa Directiva, Daniel Salaverry puso al voto el informe que recomienda suspenderla por 120 días de legislatura. 96 votaron a favor, uno en contra y 4 abstenciones.

            La sesión fue suspendida a las 2:57 pm (se inició a las 9:15 am con 72 congresistas presentes), para reiniciarla a las 4 de la tarde.

PRENSA-CONGRESO 23-08-18

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