El Pleno del Congreso aprobó, con 93 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el informe de la comisión especial encargada de evaluar la implementación de infraestructura tecnológica en las etapas del sistema educativo, aprobado en la Moción de Orden del Día 13129/2024.

Con esta decisión, la representación nacional respaldó la solicitud para extender el funcionamiento de dicho grupo de trabajo hasta el final del Periodo Anual de Sesiones 2025–2026, a fin de consolidar avances y completar las tareas pendientes.

Durante el debate, el presidente de la comisión, Edgar Tello (bancada PP), explicó la necesidad de prolongar el plazo y destacó la importancia de mantener el ritmo de trabajo orientado a cerrar brechas de conectividad en el país.

“Por ello, pedimos que se amplíe el plazo de funcionamiento de la Comisión hasta el final del periodo legislativo 2025–2026. Esta continuidad es necesaria para terminar el trabajo pendiente y fortalecer, con responsabilidad y visión social, las políticas que buscan cerrar la brecha de conectividad educativa en nuestro país”, afirmó.

El legislador también detalló la agenda prioritaria que el grupo pretende impulsar en los próximos meses. Entre los objetivos principales mencionó la recopilación y análisis técnico de información ministerial y regional, así como la realización de sesiones descentralizadas en Tacna, Lambayeque, Piura, Callao y otras regiones con el fin de recoger diagnósticos locales.

Además, la comisión proyecta evaluar el cumplimiento de los proyectos de conectividad y banda ancha, formular propuestas normativas que aseguren la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica educativa y consolidar alianzas de cooperación internacional y público-privada para promover la innovación digital.

En se marco, la continuidad de esta labor pretende contribuir a reducir las brechas que persisten en el sector educación, promoviendo normas más flexibles para facilitar proyectos y soluciones innovadoras que mejoren el acceso a los servicios de comunicaciones, especialmente en zonas rurales y de preferente interés social.

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