La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la congresista Silvana Robles Araujo (BS), aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en los proyectos de ley 11305/2024-CR y 11495/2024-CR, que plantea modificar la Ley 32279, Ley de Ordenamiento Territorial y de Creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (Sinadot).

El grupo de trabajo respaldó la propuesta con 10 votos a favor. La iniciativa busca fortalecer la gestión forestal y la investigación científica dentro del sistema nacional de ordenamiento territorial, mediante la incorporación de nuevas entidades especializadas en la conformación del Sinadot.

De acuerdo con la fórmula legal, la modificación alcanza el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley 32279, referido a la conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, la propuesta incorpora al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) como integrantes del referido sistema.

Con esta inclusión, la comisión busca reforzar la participación técnica y científica en las decisiones vinculadas al uso sostenible del territorio, especialmente en materias relacionadas con la Amazonía, los bosques, la biodiversidad y la gestión ambiental.

ATENCIÓN INTEGRAL A DEFENSORES INDÍGENAS

Asimismo, la Comisión Pueblos Andinos aprobó por unanimidad (9 votos a favor), el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 11701/2024-CR, de autoría de la congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP).

La iniciativa propone una ley para garantizar la atención integral de salud de las personas defensoras de pueblos indígenas u originarios que se encuentren en situación de riesgo o amenaza.

En ese sentido, la propuesta establece que el Estado, a través de los establecimientos públicos de salud, deberá brindar atención médica y psicológica oportuna a las personas defensoras identificadas en situación de vulnerabilidad, conforme al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Además, la propuesta precisa que la atención integral comprenderá acciones de prevención, recuperación, tratamiento, rehabilitación y acompañamiento psicológico, según el nivel de complejidad que requiera cada caso.

También contempla que el beneficio pueda extenderse al cónyuge, conviviente e hijos dependientes cuando la situación de riesgo o amenaza afecte directamente al entorno familiar de la persona defensora.

Del mismo modo, el dictamen encarga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coordinar con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura la incorporación de medidas de atención médica y psicológica dentro del mecanismo de protección. Estas acciones deberán aplicarse con enfoque intercultural, territorial, de género y de derechos humanos.

El texto aprobado señala, además, que la implementación de la ley se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. También dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la norma en un plazo no mayor de 90 días calendario desde su entrada en vigor.

SEGUNDA COMISIÓN DICTAMINADORA

Por otro lado, la comisión aprobó por mayoría asumir la condición de segunda comisión dictaminadora del Proyecto de Ley 13283/2025-CR, con 10 votos a favor.

El grupo parlamentario adoptó esta decisión debido a que la iniciativa regula materias vinculadas con la protección y recuperación de ecosistemas acuáticos altamente contaminados, temas que guardan relación directa con la competencia y especialidad ambiental de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL