Por más de dos horas de debate, congresistas de diferentes bancadas presentaron propuestas para ser consideradas en el Reglamento para la selección de candidatas y candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.

El congresista José María Balcazar Zelada (PL), en su condición de titular de dicha comisión especial, expuso detalles del texto sustitutorio del Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso nro. 254, y además agradeció los aportes presentados durante la sesión del Pleno de este miércoles 29, conducida por la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva Prieto.

Tras ello, solicitó al Pleno se le otorgue un cuarto intermedio a fin de consensuar los puntos de vista propuestos.
Previamente, Balcazar precisó que se ha considerado conveniente modificar la oportunidad de presentación de declaraciones juradas de los postulantes, que se realizará con posterioridad a la presentación y resolución de las tachas.

Además, se ha incorporado que en el caso de vacío o defecto de la norma sea aplicado el Reglamento del Congreso de la Republica. “El Reglamento deberá ser utilizado en este concurso”.

Sobre la evaluación curricular, en lo que respecta a la labor de investigación en materia jurídica, dijo que se ha realizado una precisión respecto a las características de las investigaciones publicadas como, por ejemplo, que consten en revistas arbitradas o indexadas.

Con respecto al principio de igualdad, Balcazar señaló que se ha incorporado que “la comisión especial promueve la participación de la mujer en el proceso de selección con la finalidad de incrementar una mayor participación de la mujer en la conformación del Tribunal Constitucional. Estamos promoviendo la cultura de igualdad”, agregó.

También, se ha incorporado como impedimento para la inscripción y postulación a los jueces del Poder Judicial o fiscales del Ministerio Publico que no han dejado el cargo con un año de anticipación.

Además, se ha precisado que las facultades de derecho que propongan candidatos deben pertenecer a universidades que cuenten con licenciamiento otorgado por la Sunedu.

Se ha incorporado la posibilidad de que el postulante pueda reconsiderar la resolución que resuelve la tacha. “Por única vez y de manera excepcional, el postulante puede presentar recurso de reconsideración en el plazo de tres días hábiles de notificada la resolución que resuelve la tacha”, precisa el texto, el mismo que además considera que la comisión resolverá el recurso de reconsideración en un plazo máximo de tres días hábiles.

Se ha establecido que tanto la evaluación curricular, como la entrevista personal tenga un puntaje equivalente, es decir, 50 % cada una.

“La comisión ha entendido que, tratándose de una facultad y potestad exclusiva y excluyente del Congreso de la República para designar los miembros del Tribunal Constitucional, no podemos atarnos a una evaluación como si fuera un concurso riguroso para elegir vocales de la Corte Suprema, por ejemplo”, dijo.

Teniendo en cuenta ello -agregó- que la facultad del Parlamento queda ampliamente garantizada para poder evaluar no solamente el aspecto de idoneidad moral del candidato, sino para ver algunos perfiles que requiere el magistrado del Tribunal Constitucional.

EL DEBATE

En el debate, el congresista Esdras Medina (RP) opinó que se debe considerar sobre todo a los juristas y a los abogados que tienen el perfil adecuado y, principalmente, de las diferentes regiones del país, porque “ahí existen juristas y abogados probos que tienen desarrollada su profesión y no se está considerando a ellos”. Agregó que la región Arequipa es cuna de juristas y son abogados de brillante trayectoria.

Por su lado, Alejandro Muñante (RP) observó que la elección de miembros del TC es un problema, porque confluyen intereses de por medio y generará que se supere el periodo de cinco años de mandato. “Esta comisión está recibiendo los cañonazos de un sector de la política nacional y están queriendo boicotear un proceso de elección”, dijo al tiempo de pronunciarse a favor del Reglamento propuesto para que se empiece el proceso de elección de una vez.

Por su parte, la legisladora Ruth Luque (JP) afirmó que lo que interesa al Congreso es garantizar que sea un proceso absolutamente legítimo y que se va a elegir a las mejores personas en un proceso transparente. Planteó que la Comisión especial pueda acceder a las constancias de no tener antecedentes policiales, penales, ni judiciales.

Respecto a la solvencia moral, la congresista Susel Paredes (SP-PM) afirmó que existe el mecanismo de rehabilitación de antecedentes penales, por lo que consideró que se debe tenerse acceso a ello para saber si el postulante se ha sido rehabilitado o no. Además, dijo que debe haber la garantía de la tacha ciudadana y que se haga una guía para la entrevista a los postulantes.

A su turno, Luis Ángel Aragón (AP) opinó que el puntaje de evaluación debe ser modificado y no de 50 % para la evolución curricular y 50 % para la entrevista personal.

“Se propone 75 % para la evaluación curricular y un 25 % para la entrevista”, aseveró el legislador al tiempo de observar que el tema de las tachas debe ser permanente como un mecanismo de control ciudadano a efectos que los postulantes sean los más idóneos. Coincidió con esta propuesta el congresista Edwin Martínez (AP).

A su vez, Elvis Vergara (AP) opinó que la entrevista personal debería tener un puntaje mínimo de 60 %, porque es en ella donde se puede determinar las capacidades, credenciales y cualidades necesarias de los postulantes. “Estamos definiendo las reglas de juego para elegir a los máximos intérpretes de la Constitución”, agregó.

Respecto al artículo 33 sobre solvencia e idoneidad moral, el parlamentario Alejandro Aguinaga (FP) planteó que se añada “no presentar sentencias por terrorismo o apología al terrorismo”; en tanto que, pidió más rigurosidad con respecto a los diez puntos otorgados por publicación física o digital de libros, los cuales -anotó- deben ser en las universidades más calificadas del mundo.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana (APP) expresó su desacuerdo con que se equipare la evaluación curricular que informa sobre la preparación profesional con la entrevista personal que es algo subjetivo.

“Propongo que se varíe el artículo 25 del Reglamento en cuanto a los puntajes y darle 70 % a la evaluación curricular y 30 % a la entrevista personal”, dijo. Con ello coincidió el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), quien además subrayó la importancia de que la propuesta sea aprobada en la fecha y se inicie el proceso.

A su turno, la legisladora María Antonieta Agüero (PL) consideró importante incluir como requisito que el postulante no tenga conflicto de interés; sin embargo, al no estar de acuerdo en que se equipare la evaluación curricular y la entrevista personal planteó que la propuesta de Reglamento retorne a la comisión a fin de “que sea mejor estudiada y no deslegitimar la elección de miembros del Tribunal Constitucional”.

El parlamentario Pasión Dávila (PL) recomendó mantener la neutralidad en el proceso; en tanto que su colega German Tacuri Valdivia (PL) pidió al Pleno asumir la responsabilidad y tomar la decisión de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional para empezar a marcar el cambio que la población espera.

En otro momento, Elizabeth Medina (PL) observó que se estaría discriminando el puntaje de 20 puntos para los que tiene grado de doctor y 18 puntos para los que tienen grado de magister y se está dejando de calificar a los que tienen los estudios concluidos de doctorado y maestría sin haber sacado su título respectivo, para quienes propuso un puntaje de 16 y 12 puntos, respectivamente.

OFICINA DE COMUNICACIONES