Más de cuatro horas demandó la primera parte de la sesión del Pleno dedicada el miércoles 6, exclusivamente, a decidir el futuro político de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, luego que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales determinase su responsabilidad por los presuntos delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.

            La sustentación del informe acusatorio estuvo a cargo del congresista César Segura (FP), integrante de esa subcomisión. Inmediatamente lo hicieron los abogados de los congresistas sus abogados y los propios involucrados. 

            Segura fue enfático en señalar que los tres congresistas habían ofrecido prebendas a sus colegas Modesto Figueroa, Carlos Ticlla y Moisés Mamani, como la realización de obras públicas en los departamentos a los que representan, puestos de trabajo y otras promesas, como la reelección parlamentaria. Todo ello a cambio de impedir el libre ejercicio del voto para la vacancia del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

            El congresista Segura dijo que una sentencia del Tribunal Constitucional señala que “es totalmente legítimo” el uso de grabaciones y otros medios a las personas cuando de por medio hay un interés público, en referencia a las que hiciera el congresista Moisés Mamani, quien a juicio del congresista Bienvenido Ramírez debió haber sido incluido en las investigaciones.

            Argumentó en la sustentación de la acusación que los vídeos constituyen métodos probatorios y que en su momento no se cuestionó lo que se dice en las cintas. Estos fueron entregados en un CD y no se señala tampoco que hayan sido editados. Por tanto, subrayó el congresista Segura, “son pruebas válidas”.

            Explicó que hay cinco sentencias del Tribunal Constitucional que desarrollan el juicio político, de las cuales dos de ellas (la 3760-2004 y 3593-2006) procesos concretos a congresistas y son vinculantes porque su interpretación es válida para procesos como el actual: son infracciones constitucionales porque violan los derechos y principios que emanan de la Constitución y son competencia solo del Congreso pronunciarse sobre ellas.

DEFENSA DE KENJI FUJIMORI

            El primero en intervenir fue la defensa del congresista Kenji Fujimori, el abogado Julio Rodríguez. Dijo que no ha habido un debido proceso y que el informe acusatorio “vulnera abiertamente el proceso”. Afirmó que ha habido una valoración sesgada en la investigación y que esta se ha realizado para acelerar la destitución del congresista.

            Comentó que no se han reconocido las pericias a los vídeos que ha realizado la Fiscalía de la Nación, que han sido segmentados y no había coherencia entre voz y vídeo, ni existe un final de la grabación. “Es una prueba ilícita y todo lo actuado es nulo”, dijo el abogado defensor. Agregó luego que no ha habido una infracción individualizada y que las motivaciones para la denuncia a su patrocinado eran aparentes.

            Por su parte el congresista dijo que Fuerza Popular “ha judicializado la política, lo ha hecho siempre y hoy ha violado tres veces la ley”, como el hecho de pretender destituirlo sin una sentencia firme o suspenderlo para llamar a su accesitario para que FP se perpetúe en la mesa directiva del Congreso. Comentó que prefería la libertad del ciudadano por encima de las decisiones de partido y que su sueño es darle al país gobernabilidad y seguridad jurídica.

            Afirmó, finalmente, que era una persona honesta y de conciencia libre. Nunca ha vivido de privilegios y que la acusación de la que es objeto no significa que termine su vida política, recién empieza, subrayó.

DEFENSA DE GUILLERMO BOCÁNGEL

            Por su parte, el abogado del congresista Guillermo Bocángel, Miguel Pérez Arroyo, sostuvo que no hay una infracción constitucional y que su defendido no tiene una sentencia firme. Dijo que el ofrecimiento de un almuerzo (como se escucha en el vídeo) no significa que se vaya a cambiar decisiones políticas  y que se trataba de especulaciones motivadas por razones políticas.

            Sostuvo que el argumento en que se basó el congresista Segura (la sentencia Tineo-Cabrera del TC) es para aquellos funcionarios que señala el artículo 99º de la Constitución y que el Congreso no podía excluirse del cumplimiento de esa norma porque no es una isla ni una zona libre.

            Poco después, alrededor de la 1:35 de la tarde, usó de la palabra el congresista acusado y negó que hubiera hecho tráfico de influencias valiéndose de su cargo. Mostrando vídeos de su trabajo de representación, explicó al Pleno que gestiones al Ejecutivo y a otras instituciones las hace como cualquier otro congresista.

DEFENSA DE BIENVENIDO RAMÍREZ

            La defensa del tercer congresista acusado, Bienvenido Ramírez Tandazo, estuvo a cargo de su abogado José Palomino. Éste sostuvo que se había dejado en caso de indefensión a los congresistas acusados y que no ha habido el derecho a la defensa. Dijo que las acusaciones eran motivaciones aparentes y justificaciones externas. Afirmó que el informe de acusación era un “esperpento” y que si llega a manos del Poder Judicial se va a diluir porque no tiene consistencia.

            Por su parte, Ramírez pidió que el presidente del Congreso, Luis Galarreta, se inhiba en la votación porque ya adelantó juicio en declaraciones a la prensa. Mostrando un vídeo sobre la conducta y expresiones del congresista Moisés Mamani, dijo que éste también debe ser investigado porque lo que ha hecho es un acto criminal y preguntó que si alguien dudaba que el que ofrecía los votos era el representante de Puno.

            Dijo que Mamani quiere sorprender y engañar al país editando los vídeos en la parte que le conviene y negó, por falsas y tendenciosas, las acusaciones de que él haya realizado ofrecimientos para obras. Afirmó que el informe final, sustentado por el congresista Segura, ha inducido a error a los congresistas.

            La sesión  del Pleno se reiniciará con la participación de los representantes de las bancadas parlamentarias. Se ha dispuesto de tres horas para el debate.(OMC)

PRENSA CONGRESO

6-06-18