De manera unánime, el Pleno de la Cámara de Diputados, que preside Oscar Reto Otero, aprobó la conformación de una comisión especial multipartidaria encargada de realizar el seguimiento y la fiscalización de las acciones de prevención, preparación y respuesta frente al fenómeno El Niño 2026-2027.

La decisión busca reforzar la vigilancia del Parlamento ante los riesgos que este evento climático podría generar en la población, la infraestructura y las actividades productivas de diversas regiones del país.

Durante la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero, expresó su preocupación por la amenaza que representa el fenómeno El Niño para la seguridad y la vida de miles de peruanos, especialmente en el norte del país, aunque también advirtió sobre posibles impactos en zonas de la sierra y la selva.

El titular de la cámara señaló que aún existen deficiencias en las labores de prevención y mitigación y advirtió que algunas autoridades subnacionales no estarían suficientemente preparadas para afrontar una eventual emergencia.

Por ello, consideró necesario fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y trabajar de manera articulada para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante los posibles efectos del fenómeno climático.

La comisión especial se conformó a partir de la acumulación de las mociones de orden del día 15, 46, 85 y 90, debido a que abordan una materia similar, conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del 8 de septiembre.

PREVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN

Durante la sustentación de las propuestas, el diputado Ernesto Zunini Yerrén, de Juntos por el Perú, señaló que la creación de la comisión constituye una respuesta concreta del Parlamento frente a una situación que podría afectar a numerosas regiones del país.

Advirtió sobre retrasos en el mantenimiento de cuencas, la instalación de defensas ribereñas y la identificación de zonas para una eventual reubicación de poblaciones en riesgo. Asimismo, indicó que, según información de OSITRAN, alrededor de 76 puentes se encontrarían en situación crítica o con riesgo de colapso.

Por su parte, el diputado Ángel Meneses Crispín, de Ahora Nación, informó que más de 796 distritos se encuentran declarados en emergencia y señaló que más de un millón de ciudadanos podrían verse afectados. Añadió que entre los sectores expuestos se encuentran 2 194 instituciones educativas, 347 establecimientos de salud y más de 179 mil hectáreas de cultivos.

Meneses Crispín planteó que la comisión contribuya a consolidar una matriz nacional que reúna la información de los tres niveles de gobierno y permita al Parlamento hacer un seguimiento efectivo de las inversiones, contrastando los recursos programados con los efectivamente ejecutados.

A su turno, el diputado Nery Fernández Nina, del Partido de Buen Gobierno, advirtió que los efectos del fenómeno El Niño podrían presentarse de manera distinta según la región. Explicó que podrían registrarse lluvias intensas y huaicos en la costa norte, variaciones en las precipitaciones en la zona andina y eventuales escenarios de sequía en el sur.

Recordó los impactos registrados durante los fenómenos de 1983 y 1998, así como durante El Niño Costero de 2017, y remarcó que las experiencias pasadas deben servir para anticiparse a los riesgos y reducir los posibles daños a la población y la infraestructura.

Finalmente, la diputada Mady Yonz Núñez, de Renovación Popular, sostuvo que enfrentar el fenómeno El Niño exige una respuesta conjunta y coordinada, por encima de las diferencias políticas, que tome en cuenta las vulnerabilidades y necesidades particulares de cada región.

Señaló que, de acuerdo con la información expuesta durante el debate, se mantiene la alerta ante el posible desarrollo de un fenómeno El Niño, por lo que consideró indispensable actuar con anticipación para evitar que las lluvias intensas, la activación de quebradas, las inundaciones y las interrupciones de carreteras generen mayores daños.

La comisión especial multipartidaria tendrá a su cargo el seguimiento y la fiscalización de las medidas de prevención, preparación y respuesta adoptadas frente al fenómeno El Niño 2026-2027. También verificará la ejecución de los recursos públicos destinados a reducir los riesgos y proteger a la población.

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