El Pleno del Congreso aprobó -en primera votación- el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 11511/2024-CR, denominado Ley que dicta medidas para asegurar el adecuado funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La iniciativa obtuvo 95 votos a favor y 13 abstenciones, pero no alcanzó el voto requerido para su exoneración de segunda votación, por lo que será sometida nuevamente a debate después de siete días calendario, conforme al artículo 78 del Reglamento del Congreso.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz (FP), explicó que la propuesta “busca dictar medidas que aseguren el adecuado funcionamiento administrativo de la Sunat, con el fin de implementar y garantizar la fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos y materiales relacionados, así como equipos y maquinarias utilizados en actividades de minería ilegal”.

El legislador enfatizó que el proyecto permitirá fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, facilitar el comercio exterior y promover un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal.

Cabe mencionar que el texto aprobado precisa, en su artículo 2, que la Sunat y sus trabajadores se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, quedando fuera de las normas del servicio civil. Asimismo, autoriza a la entidad a aprobar su propia política de gestión de recursos humanos mediante resolución de superintendencia, respetando las normas del régimen privado.

Además, el artículo 3 establece la adecuación progresiva de los trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 (CAS) que cumplan con tres años de servicios continuos y condición de indeterminados. Esta adecuación deberá realizarse según la disponibilidad presupuestal y sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.

Con esta medida, el Parlamento busca garantizar el fortalecimiento institucional de la Sunat y dotarla de herramientas normativas que aseguren su operatividad administrativa, su capacidad fiscalizadora y su rol estratégico en la sostenibilidad fiscal del país.

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