Con 60 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 10972/2024-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el ex presidente Francisco Sagasti Hochhausler, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

“El expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú”, precisó el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana Cavides.

Del mismo modo, con 61 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 10969/2024-CR, que planteaba la inhabilitación de  Sagasti Hochhausler, por 10 años, para el ejercicio de la función pública, por infracción constitucional de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna.

“Por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente”, dijo Alejandro Cavero, quien presidía en ese momento la sesión.

A Sagasti Hochhausler se le acusa de haber emitido las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la entidad policial.

Las recomendaciones y la propuesta de inhabilitación se encuentran en el informe final sobre las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369, que fueron presentadas por los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP), José Ernesto Cueto Aservi (HyD), el ciudadano Orlando Velasco Mujica, y otros.

El informe final fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, quien dijo que, durante el desarrollo de la acusación, se ha respetado las garantías del debido proceso, así como el derecho de los denunciados a ser escuchados y ser asistidos por una defensa técnica de su elección.

Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya Manrique, delegado y miembro de la Subcomisión Acusadora, expuso los argumentos de hecho y de derecho que sustentaron la acusación constitucional.

En la sesión, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que los denunciados no justificaron su ausencia en la sesión del Pleno, por lo que la Mesa Directiva calificó como una inasistencia injustificada, de acuerdo al artículo 89, literal K del Reglamento del Parlamento.

“Por lo que se continuará con el trámite de la acusación constitucional”, alegó al inicio del debate.

OTROS ACUSADOS

Por otro lado, con 59 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones, se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 10973/2024-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra Ismael Rubén Vargas Céspedes, en su condición de exministro del Interior, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Asimismo, con 58 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 10974/2024-CR, que planteaba inhabilitarlo por 10 años, para el ejercicio de la función pública, por infracción constitucional de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna.

También, con 63 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 10971/2024-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra José Elice Navarro, en su condición de exministro del Interior, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Del mismo modo, con 60  votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa 10970/2024-CR, que lo inhabilita por 10 años, para el ejercicio de la función pública, por infracción constitucional de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Carta Magna.

A Elice se le acusa de refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la PNP contra las arbitrarias e ilegales resoluciones supremas que disponen el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional.

DEBATE

Durante el debate, el congresista Roberto Chiabra (APP) dijo que la decisión del Pleno es de justicia, pues se acusa a un expresidente por pasar al retiro a tres tenientes generales y a 16 generales en forma abusiva, arbitraria e ilegal.

“Cortó una carrera policial y frustró lo que todo oficial general quiere cuando llega a los últimos años, que es aspirar a comandar su institución”, dijo.

En tanto, el legislador Alejandro Muñante (RP) sostuvo que el Congreso cumple con su deber de hacer respetar la Constitución y negó que haya una persecución política contra un posible candidato presidencial.

A su turno, José Cueto (HyD) manifestó que la acusación contra Sagasti es adecuada, ya que optó por ir en contra de una institución técnica y no respetó la Carta Magna.

Por su parte, el parlamentario Arturo Alegría (FP) dijo que la decisión del Parlamento es un acto de reivindicación para la Policía, así como para el que inicia una carrera y espera que la meritocracia existe para ascender en dicha entidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL