Iniciativa quedó en cuarto intermedio para recoger aportes de parlamentarios
Pleno debatió propuesta para que el Estado cuente con los mejores funcionarios
Centro de Noticias del Congreso
13 Ene 2022 | 13:48 h
Con el fin de que el país cuente con una administración pública eficiente y con personal idóneo, el Pleno del Congreso inició el debate del dictamen que propone establecer requisitos mínimos para el acceso a la función y servicio público de funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza.
Esta importante propuesta generó un amplio debate en el que participaron parlamentarios de las diferentes bancadas, al término del cual la congresista Norma Yarrow (Avanza País), presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, uno de los grupos dictaminadores, pidió ir a un cuarto intermedio a fin de incluir en el texto los aportes de los legisladores.
El dictamen fue elaborado sobre la base del PL 149 presentado por la Contraloría General de la República y posteriormente fue acumulado el PL 184 del grupo parlamentario Alianza Para el Progreso. Fueron presentados al Pleno del Congreso dos dictámenes uno del ellos elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento y otro por la Comisión de Descentralización.
Patricia Juárez (FP), presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, dijo que la Contraloría considera que hay un grave problema que existe en la administración pública que debe ser resuelto de manera inmediata para evitar daños al Estado.
Agregó que el problema se centra en que no existe en la legislación exigencias de requisitos mínimos para el ingreso de personas que ocupan cargos de libre designación y remoción y del personal de confianza en la administración pública.
Explicó que todo ello viene generando que en los distintos niveles de Gobierno ingresen personas que no cuentan con los requisitos mínimos para desempeñarse en el cargo lo que atenta directamente contra la integridad de nuestras instituciones públicas, que lamentablemente facilita y fomenta un caldo de cultivo para la comisión de delitos de corrupción.
Entre otros aspectos, dijo que el dictamen contempla aplicar a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza de las entidades de la administración pública desde el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y empresas públicas.
Entre los requisitos mínimos se considera que el funcionario debe estar en ejercicio de sus derechos ciudadanos, tener la nacionalidad peruana, en los casos que la naturaleza del cargo lo exija, no estar inhabilitado para ejercer función pública por resolución administrativa o resolución judicial definitiva y no haber sido condenado por delito doloso en primera instancia.
“Los titulares de pliego distintos a ministerios deben contar con formación académica de nivel superior y ocho años de experiencia laboral. Los titulares de unidades ejecutoras deben contar con formación académica de nivel superior y cinco (05) años de experiencia laboral, de los cuales tres deben ser en el sector público”, señala el dictamen.
Enseguida correspondió el turno a la congresista Normas Yarrou, presidenta de la Comisión de Descentralización, exponer un dictamen que propone la Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública en la alta dirección pública.
Dijo que la propuesta tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los servidores del Estado de la alta dirección. “La finalidad es darle al país estabilidad y tener funcionarios idóneos”, agregó.
Entre los requisitos mínimos para el cargo de viceministro se contempla contar con formación superior completa, con 9 años de experiencia general y 6 años de experiencia específica en puestos y/o cargos directivos o de nivel jerárquico similar, pudiendo ser estos como parte de los 9 años de experiencia general.
En cuanto a los impedimentos para acceder al cargo, se considera a las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. También las personas que se encuentren inhabilitadas por el Congreso para ejercer cargo público, las que se encuentren inhabilitadas por mandato judicial para ejercer función pública y quienes hayan sido destituidos de la administración pública por falta muy grave.
Durante el debate la congresista Silvana Robles (PL) planteó una cuestión previa en el sentido de que la propuesta retorne a comisión y se conforme una mesa técnica para el análisis. “Es indispensable crear un marco normativo que permita la profesionalización de la administración pública, pero contando con la opinión técnica de SERVIR”, dijo.
Puesta a consideración del Pleno el pedido alcanzó 43 votos a favor y 75 en contra, por lo que fue desestimado y prosiguió el debate.
Las posiciones se dieron a favor y en contra de la propuesta, sin embargo, hubo concordancia en los legisladores en que se propugne una administración pública eficiente con funcionarios idóneos.
Para la congresista Magaly Ruiz (APP) “el hecho que sea de libre designación no excusa que se cumpla los requisitos mínimos”; en tanto que para el legislador Wilson Soto (AP) es importante poner requisitos mínimos para tener mejores funcionarios.
Los congresistas Elizabeth Medina y Alfredo Pariona (PL) no estuvieron de acuerdo con que se consigne un determinado número de años de experiencia para acceder al cargo.
El congresista Héctor Valer (PD) estuvo de acuerdo con elevar la calidad de los funcionarios públicos en todo el país, pero advirtió que no en todos los lugares hay personas con esos requisitos. “El señor Carranza es bachiller e hizo una excelente gestión al igual que el presidente del BCR. Me parece que es una ley elitista clasista y discriminadora”, dijo.
“Saquemos contar con formación superior completa y consideremos contar con título profesional”, propuso por su parte el congresista Alex Paredes (PL)
Intervino el congresista Guido Bellido (PL) para proponer que se elimine los cargos de confianza y todo sea por concurso público.
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