Congresistas de diversas bancadas debatieron, por más de dos horas, el informe final de la denuncia constitucional 373 en contra de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes se les acusa de infracción a la Carta Magna y, por ello, se recomienda su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años.

A FAVOR
En la sesión plenaria, el congresista Jorge Montoya (RP), quien presentó la denuncia contra los magistrados, cuestionó que la JNJ haya conseguido diversas medidas cautelares contra el Congreso logrando frenar en algunos casos sus facultades, pero que esta vez no lo lograron.

“En su afán de aferrarse a sus cargos se han enfrentado impunemente contra el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria. Los aún miembros de la JNJ se creen intocables y pretenden trastocar la realidad como si fueran víctimas políticas donde el Congreso pretende removerlos de sus funciones por un capricho político, lo cual no es cierto, ya que ellos vienen siendo procesados constitucionalmente por sus propios actos”, manifestó el parlamentario.

Desde Avanza País, la congresista Patricia Chirinos indicó que los legisladores son guardianes de la democracia y defensores de la justicia, por lo que es importante tomar una acción decidida en favor de la patria aprobando el informe contra los miembros de la JNJ.

“No podemos cerrar los ojos ante las graves violaciones de este grupo de magistrados, que les gusta presentarse en público como una fuerza moral cuando la realidad es otra. Esta es una oportunidad histórica para iniciar una reforma judicial en el Perú, para salvar nuestro sistema de justicia y devolver la esperanza al pueblo”, señaló.

Para el congresista Alejandro Aguinaga (FP), la decisión que tomará el Parlamento no es un capricho, como lo señalaron los abogados de los miembros de la JNJ. Por el contrario, dijo que se ha evidenciado graves infracciones a la Constitución y eso no se puede dejar de pasar por alto.

En tanto, su colega y vocera de bancada, Patricia Juárez, dijo que los magistrados “no tenían sustento legal” para que la magistrada Inés Tello se mantenga en el cargo, ya que el informe de Servir no era el indicado para ese caso, ya que no era la entidad que debía interpretar la Carta Magna.

De acuerdo con Alex Paredes (PB), señaló que el artículo 156, que se refiere a la JNJ, indica claramente que para ser miembro se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años. “Hay que ser sinvergüenza para seguir perteneciendo en esa institución. De mutuo propio presento mi denuncia porque estoy trasgrediendo la Constitución”, dijo.

EN CONTRA

Desde la óptica de Susel Paredes (CD-JPP), el informe final contra la JNJ no tiene sustento jurídico ni legal, menos ningún argumento que compruebe que ha existido una infracción constitucional. Por ello, consideró que la decisión que tome el Congreso será en base a las posiciones políticas ya tomadas por algunas bancadas.

“Antes de escuchar las defensas técnicas, algunas agrupaciones ya tomaron una decisión, porque aquí la posición no es jurídica, sino política, porque quieren que se vayan los de la Junta Nacional de Justicia y se tenga en manos de algunos la elección de jueces, fiscales y quienes van a liderar la ONPE, el JNE y el RENIECc”, acotó.

En esa línea, su compañero de bancada, Edgar Reymundo señaló que la interpretación de que una magistrada de 75 años continúe en funciones no debe ser motivo suficiente para que sean inhabilitados todos los integrantes de la JNJ. A su juicio, dicha denuncia “solo es un pretexto” para una posible control de esa entidad y, por ello, su bancada votará en contra del informe final.

A su turno, el legislador Jorge Marticorena (PB) dijo que la intención de sancionar a los magistrados no es de ahora, sino de antes, debido a que existe intereses en los nombramientos de fiscales y jueces, así como la ratificación de los jefes de la ONPE y el RENIEC.

LA DENUNCIA

La denuncia contra los magistrados la realizó el parlamentario Jorge Montoya (RP) teniendo como principal argumento que los miembros de la JNJ violaron la Constitución al mantener a Inés Tello de Ñecco en el cargo pese a superar los 75 años de edad. A ella se le acusa de infringir el artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política.

En tanto, a los magistrados Antonio De La Haza Barrantes, Guillermo Thornberry Villarán, María Zavala, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos y el renunciante Henry Ávila Herrera habrían incurrido en la presunta infracción de los artículos 156, inciso 3 y el 139 inciso 3 de la Carta Magna.

De acuerdo al informe final, se indica que los 75 años de edad de Tello de Ñecco fue considerado unánimemente por los integrantes de la Comisión Especial para la selección de los miembros de la JNJ, quienes así lo expresaron en la audiencia pública realizada el 15 de diciembre del 2023, “donde de manera inequívoca e inobjetable se pronunciaron sobre dicho requisito como una condición de entrada o acceso”, pero no para continuar en el cargo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL