Luego de un amplio debate, el dictamen recaído en los proyectos que proponen la ley que crea las veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones estatales e inversión pública pasó a un cuarto intermedio a fin de que sea consensuado con las propuestas planteadas por los legisladores.

El pedido lo hizo el congresista Héctor Maquera Chávez (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en la sesión virtual de este viernes 18, que es conducida por la legisladora Mirtha Vásquez Chiquilín, presidenta a. i. del Congreso de la República.

“Todos estamos apuntando a la lucha contra la corrupción, en eso no vamos a parar”, expresó al tiempo de subrayar que el texto sustitutorio será puesto al voto en el transcurso de la sesión.
Antes fue rechazada una cuestión previa, presentada por el congresista Mártires Lizana (FP), para que el dictamen retorne a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que además pide que se pronuncie la Comisión de Constitución y Reglamento

El dictamen reúne los proyectos de ley 979/2016, 1053/2016, 3081/2017 y 4972/2020 del Congreso de la República y el 1775/2017 del Ministerio Público.

Asimismo, Maquera Chávez señaló que la finalidad es reducir los Indicios de corrupción y las prácticas antiéticas en los gobiernos regionales y locales. “Se constituirá en una pieza fundamental de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción”.

Explicó que la propuesta tiene como principal beneficiario al ciudadano, dado que la vigilancia conllevará que los recursos públicos cumplan con su finalidad. “Permitirá mayor control, vigilancia y fiscalización en su gestión, evitando irregularidades y actos de corrupción”, agregó.

Así también, el beneficio se podrá ver reflejado en capitalizar y potenciar la participación ciudadana y la transparencia. “Se garantizará la transparencia en el uso de los fondos públicos y el fortalecimiento en la lucha contra la corrupción a través de la participación ciudadana en la vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos que realicen los gobiernos regionales y locales”, sostuvo.

Además, Maquera Chávez afirmó que el objeto y finalidad de la ley es crear veedurías ciudadanas en los procesos de contratación estatales e inversión pública para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos y fortalecer la lucha contra la corrupción a través de la participación ciudadana en la vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos, fortaleciendo la lucha contra la corrupción.

Señaló que cualquier ciudadano puede constituir veedurías ciudadanas mediante un acta de constitución que debe contener el nombre completo y documento de identidad de sus integrantes con el objeto de lograr la vigilancia en el nivel territorial, en donde ejercerá sus funciones y su lugar de residencia. El acta de constitución debe ponerse en conocimiento de la Contraloría General de la República, quien llevará un registro de veedurías ciudadanas, con carácter constitutivo.

Además, agregó que estas se conforman por no más de diez ni menos de cinco personas, con domicilio en una misma localidad, que eligen un presidente entre sus miembros, los cuales desempeñan el cargo ad honorem. El presidente goza de voto dirimente para la adopción de acuerdos.

Asimismo, precisó que el mandato de los veedores ciudadanos es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de su puesta en conocimiento de la Contraloría General de la República. En ningún caso, los miembros de las veedurías ciudadanas pueden ser considerados funcionarios públicos.

Respecto de los objetivos, señaló estas permitirán fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal, además de fortalecer los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les involucran y en el seguimiento y control de la contratación estatal y de los proyectos de inversión.

En cuanto a las funciones, Maquera Chávez aseveró que estas vigilarán y supervisarán la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel territorial, además se encargarán de vigilar y supervisar la ejecución y calidad técnica de los procesos de adquisición de bienes o servicios que incidan directamente en su comunidad y solicitar los pedidos de información necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones.

Así también, tienen cómo función recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con el objeto de la veeduría, además de remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos objeto de la veeduría y denunciar ante las autoridades competentes los casos de corrupción y/ o malas prácticas de los funcionarios públicos.

Finalmente, sostuvo que las veedurías ciudadanas, bimestralmente y de manera obligatoria, emitirán un informe, que se remite a la Contraloría General de la República, a través de sus respectivas oficinas de control institucional (OCI), dando cuenta de las actividades realizadas, así como de las presuntas irregularidades o ilícitos detectados.

EL DEBATE

En el debate, el congresista Alexander Lozano (UPP) resaltó que la democracia se fundamenta en la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. “El principio de transparencia es fundamental en la toma de decisiones políticas y la transparencia es clave para la vigencia de los derechos fundamentales. El principio de transparencia rige en toda la administración pública”, observó.

Por su parte, Moisés Gonzales (NC), como autor de uno de los proyectos, sostuvo que las veedurías ciudadanas funcionan perfectamente como un instrumento de fiscalización y control del pueblo. “Este proyecto cobra singular relevancia porque en mi función de alcalde era muy relevante incluir al ciudadano en la fiscalización de la gestión”, señaló.

A su vez, el parlamentario Isaías Pineda Santos (Frepap) sostuvo que se trata de una herramienta de lucha contra la corrupción la participación del ciudadano el control y vigilancia de las obras de inversión públicas.

“La propuesta permitirá que los ciudadanos nos comprometamos con las obras que nos pertenecen a nosotros”, agregó por su parte el parlamentario Héctor Arias Cáceres (NC).

A su turno, Rolando Campos (AP) sostuvo que “no hay que avanzar en este tema, porque me parece inútil, porque la población ya participa en esta tarea de fiscalización”.

En tanto que Rennán Espinoza (NoA) recomendó tener cuidado en que la propuesta no se vaya a convertir en un obstáculo en la ejecución de obras. “Estamos creando más órganos que podría servir de mayor burocracia”.

Por su lado, Juan Carlos Oyola (AP) recomendó empoderar a los regidores y a las oficinas de control interno de los gobiernos locales.

Durante el debate, el congresista Mártires Lizana (FP) planteó una cuestión previa para que el dictamen retorne a la Comisión de Fiscalización y que también se pronuncie la Comisión de Constitución. Respaldó esa propuesta el legislador Carlos Almerí (PP), quien sostuvo que ya existen todos los mecanismos de control, por lo que la propuesta caería en saco roto. El congresista Carlos Fernández Chacón (FA) también expresó su respaldo de retorno a comisión dictaminadora.

Por el contrario, Yvan Quispe Apaza (FA) planteó que la propuesta sea mejorada con los planteamientos presentados por los legisladores y sea puesto a votación.

OFICINA DE COMUNICACIONES