Tras culminar el cuarto intermedio, el Pleno del Congreso aprobó por 92 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones el texto sustitutorio del dictamen que propone modificar la Ley 28090, Ley que regula el cierre de minas.

La propuesta indica que se debe regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación e implementación del Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías ambientales correspondientes, que aseguren el cumplimiento de las inversiones, con sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del ambiente, con la finalidad de mitigar sus impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.

La presidenta de la comisión de Energía y Minas, Yéssica Apaza Quispe, señaló que se recogió las propuestas de sus colegas que proponían incorporar en el artículo 6 de la norma la frase “en lo posible”, a fin de que ninguna empresa busque alguna argucia legal para escaparse de la implementación de la norma.

Asimismo señaló que los cambios proponen establecer quienes son las autoridades competentes para proceder con la autorización del cierre de minas tanto en la gran minería, como en la de pequeña y mediana escala.

La iniciativa en general tiene por objeto modificar los artículos 4, 6, 10 y 11 de la Ley que regula el cierre de minas, y adicionar los artículos 14, 15, 16, 17 y 18.

También, se busca regular temas relacionados a la remediación e implementación de medidas cautelares en unidades mineras abandonadas a cargo del Estado, y modificar el artículo 305 del Código Penal.

Todo esto con el fin de adecuar la norma a los cambios que se han producido luego de su emisión y a las competencias actuales que ejercen las entidades involucradas.

Apaza afirmó que el Ministerio de Energía y Minas considera viable la propuesta, toda vez que lo que se busca es prevenir, minimizar y controlar los riesgos y los efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad que pudieran derivarse del abandono de las operaciones de una unidad minera.

Esto para asegurar que el titular de la actividad minera cumpla con las obligaciones derivadas de su Plan de Cierre de Minas aprobado, de acuerdo con las normas de protección ambiental, esto es, un escenario regular de cumplimiento.

“De esta manera se disuade la vulneración de derechos constitucionales, como es el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”, indicó.

En el debate, el legislador Lenin Bazán Villanueva (FA) manifestó que la propuesta busca destrabar muchas medidas burocráticas que existen en el Estado y que ante el abandono de una unidad minera se pueda intervenir. Propuso que se tome en cuenta algunas observaciones del artículo 6, a fin de fortalecer la intervención del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, informó que la empresa minera Quiruvilca en el departamento de La Libertad, en el 2017, abandonó la actividad minera, a la población y a los trabajadores sin dar cuenta a la autoridad minera ni tampoco a la autoridad laboral; además dejó caos y contaminación en el río Moche que es el más contaminado en este momento en el Perú.

Mencionó que el mismo problema se ve reflejado con la empresa minera Aruntani, en el sur del país, que también ha abandonado irresponsablemente sus instalaciones, dejando una crisis laboral, comercial y ambiental.

Agregó que debido a esta preocupación se ha planteado una modificación del Plan de Cierre de Minas, considerando que las empresas antes del cierre deben dar cuenta permanentemente a la autoridad competente.

“Es oportuno que se le dé facultades al Ministerio de Energía y Minas, a los gobiernos regionales, y a los que tengan que ver de acuerdo con la competencia, sea pequeña o sea minería artesanal, mediana o grande y puedan ser más rigurosos al momento de pedir las garantías o las fianzas para el Plan de Cierre de Minas. Esto nos va a ayudar a resolver problemas ambientales, sociales y mineros en nuestro país y va a fortalecer la regulación minera en este sector”, indicó.

Por su parte, el legislador Mariano Yupanqui Miñano (DD) lamentó que hasta la fecha no exista una reglamentación adecuada para que el Ministerio de Energía y Minas pueda mitigar estos impactos ambientales que son nocivos para la vida y salud de todos los peruanos.

“Se tiene que cerrar el círculo de las responsabilidades que vienen asumiendo grandes empresas mineras que llegan con bombos y platillos para iniciar un proyecto minero, pero al final terminan abandonado, indicando que están en quiebre financiero. Y al no existir ninguna reglamentación para la intervención de estos proyectos, genera un impacto a las comunidades”, subrayó.

A su turno, la parlamentaria Mónica Saavedra Ocharán (AP) indicó que el problema recae en los titulares infractores que no han cumplido con los compromisos asumidos en los planes de cierre.

Además, no se está respetando los principios de culpabilidad y casualidad al querer trasladar la responsabilidad de la persona jurídica a sus integrantes por cualquier título del incumplimiento, sin que se exija la comprobación de dolo o por lo menos una culpa inexcusable que haya sido determinada para estas infracciones.

“Llama la atención que se exonere de autorización judicial a las entidades públicas para el uso de medida de fuerza como el descerraje o similares con el objeto de acelerar el ingreso a la propiedad privada. No se está considerando que lo propuesto puede generar situaciones de violencia y violación de derechos fundamentales; por lo que, en todo caso, debe fortalecerse las relaciones de cooperación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Debe regularse el acompañamiento por parte de la Fiscalía y la PNP para este tipo de acciones que debe ser conjunta”, manifestó.

Lima, 14 de julio de 2021
PRENSA CONGRESO