El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 1701/2021-CR, 3178/2022-CR y 3264/2022-CR, que modifica la Ley 24666, Ley que crea el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, a fin de ampliar las disposiciones sobre su creación y fines.

La propuesta fue aprobada, con 72 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones y generó un amplio debate, donde diversas bancadas expresaron posiciones a favor y en contra respecto a la obligatoriedad de la colegiatura y el rol de los antropólogos en la formulación de políticas públicas y proyectos sociales.

Durante la sustentación del dictamen, el congresista Segundo Montalvo Cubas (bancada PL), presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, sostuvo que el grupo de trabajo analizó y absolvió las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, desvirtuando los cuestionamientos sobre la obligatoriedad de la colegiatura.

Explicó que el ejercicio profesional del antropólogo ya se encuentra regulado por la Ley 24666, el Decreto Supremo 012-87 y la Resolución Suprema 223-89, normas que exigen colegiatura obligatoria para determinadas funciones vinculadas al sector público.

“Esta situación justifica plenamente la colegiatura y habilitación profesional, pues la práctica del antropólogo se desarrolla en su mayoría dentro del sector público”, afirmó.

Asimismo, indicó que corresponde a Indecopi supervisar que los costos de colegiatura y habilitación profesional se mantengan acordes con la normativa vigente.

A FAVOR DE LA INICIATIVA

La congresista Elizabeth Taype Coronado (bancada PL), autora de una de las propuestas, señaló que la norma permitirá revalorar el papel de los antropólogos en la defensa de la diversidad cultural y los derechos de las poblaciones vulnerables.

“Hay que dar una mirada distinta al país, una mirada que escuche al pueblo, valorando las tradiciones, la diversidad cultural, las prácticas, los símbolos y la organización social”, expresó.
En la misma línea, el congresista Edgar Tello Montes (bancada PP), autor del Proyecto de Ley 1701, sostuvo que, así como otras profesiones cuentan con colegios profesionales, también corresponde fortalecer institucionalmente a los antropólogos.

“También son profesionales y merecen fortalecimiento”, manifestó.

Por su parte, el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL) defendió la necesidad de formalizar y agremiar el ejercicio profesional.

El congresista Germán Tacuri Valdivia (bancada JPP-VP-BM) señaló que los colegios profesionales permiten organizar y otorgar prerrogativas a sus miembros, aunque advirtió que no debe generarse exclusividad sobre otras profesiones.

OBSERVACIONES

Desde la bancada de Avanza País, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez cuestionó que la norma establezca obligaciones para contratar antropólogos y colegiarse obligatoriamente para ejercer.
“Todos queremos vivir en un país libre, en el cual las personas puedan trabajar libremente sin tener que pagar un cupo a nadie”, sostuvo.

Su colega de bancada, Alejandro Cavero, pidió que el proyecto regrese a comisión y advirtió que el artículo 6 obligaría a instituciones públicas y privadas a incorporar la firma de antropólogos colegiados en múltiples procesos.

“Esto está reduciendo tremendamente el mercado laboral solo para quienes estén colegiados”, señaló.

La cuestión previa planteada por Cavero para retornar el proyecto a comisión fue rechazada por el Pleno con 41 votos a favor, 53 en contra y 3 abstenciones.

Por su parte, el congresista Edgard Reymundo Mercado (BDP) expresó reparos respecto a que la norma pueda excluir a otras profesiones de las ciencias sociales como la sociología.

“¿Dónde quedan los sociólogos? No podemos legislar excluyendo a otras profesiones tan importantes”, indicó.

A su turno, la congresista Norma Yarrow Lumbreras (RP) cuestionó que la colegiatura obligatoria pueda generar más burocracia en entidades públicas y municipalidades.

“Hoy tenemos que tener el visto bueno de un antropólogo para la construcción de un edificio”, observó.

En tanto, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP) respaldó la organización de los profesionales, aunque advirtió que algunos colegios profesionales se han convertido en instrumentos de poder que generan conflictos internos y perjuicios a sus agremiados.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL