La Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Paola Martínez Paitán, recibió al contralor general César Enrique Aguilar Surichaqui, quien hizo un balance de las acciones realizadas por esa entidad.

El funcionario informó que, de las 2237 obras públicas paralizadas a nivel nacional, 1508 (67.4 %) se ubican en puntos críticos ante el fenómeno El Niño, con S/ 14 475 millones en inversión pendiente de ejecutar, concentradas principalmente en los sectores Transportes, Vivienda y Saneamiento, Agricultura y Educación. Señaló que, gracias al control preventivo implementado desde 2025, se logró reactivar 109 obras paralizadas, con una inversión de S/ 4.3 mil millones y un beneficio estimado para 5 millones de personas.

Sobre el balance de los servicios de control, el contralor reportó que entre julio de 2024 y octubre de 2026 se ejecutaron más de 105 mil servicios de control, que permitieron identificar a miles de funcionarios con presuntas responsabilidades civiles, penales y administrativas, además de un presunto perjuicio económico de cientos de millones de soles cada año. Indicó que, de más de 44 mil recomendaciones derivadas de control posterior, solo una cuarta parte fue implementada, mientras que una proporción similar de situaciones adversas identificadas en control simultáneo quedó sin corregir dentro del plazo legal.

El contralor general expuso lo que, a su juicio, constituyen las principales limitaciones a la labor fiscalizadora de la entidad: la reducción de más de la mitad de su personal entre 2024 y 2026, una disminución presupuestal de S/ 487 millones, demoras en la designación de Sociedades de Auditoría y el debilitamiento de los Órganos de Control Institucional.

Planteó, además, como ejemplos de lo que calificó como restricciones a la independencia de la Contraloría, barreras normativas, de acceso a información y presupuestales, y propuso medidas para fortalecer la autonomía institucional del organismo.

INTERVENCIONES

Finalizada la exposición del contralor, diversos diputados expresaron sus opiniones y formularon preguntas:
Luzmila Gamarra Pita (Fuerza Popular) saludó la reactivación de obras y pidió reforzar la oficina de la Contraloría en Áncash, región donde —según señaló— existen 180 obras paralizadas. Sostuvo que el objetivo no es solo destrabar obras, sino generar valor público y atender la insatisfacción ciudadana generada por la ineficiencia y la paralización.

Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú) pidió no dejar de lado a la región Junín, donde —según indicó— existen más de 87 obras paralizadas.

Nathaly Molina Soto (Partido del Buen Gobierno) consideró fundamental que la Contraloría priorice sus acciones de control preventivo en zonas de mayor vulnerabilidad, particularmente en infraestructura de salud, educación, transporte, saneamiento y protección frente al fenómeno El Niño.

Luis Jibaja Ramos (Juntos por el Perú) manifestó preocupación por las cifras presentadas y planteó que la Contraloría debería contar con mayores facultades de fiscalización y sanción. Preguntó qué medidas adopta la entidad frente a las instituciones que no implementan sus recomendaciones, y qué consecuencias enfrentan los titulares y funcionarios que incumplen reiteradamente con corregir las situaciones adversas advertidas.

Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú) solicitó acciones concretas sobre el nulo avance de la I.E. 52048 «Juan Quiroz Checa», en Chiringallo, y el atraso de la I.E. «José Abelardo Quiñones», en La Joya. Preguntó qué estrategias se vienen implementando para fortalecer el control preventivo y evitar que las irregularidades se detecten cuando el daño económico ya se produjo.

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular) señaló que la exposición permitió conocer la magnitud de las obras detenidas y pidió mecanismos efectivos para destrabarlas, fortalecer el control preventivo y evitar que la burocracia y la falta de gestión sigan perjudicando a la ciudadanía.

DICTAMEN

Al cierre de la sesión, la comisión aprobó el dictamen de la Proposición Legislativa 00019-2026-2031-CD, que recomienda, con un texto sustitutorio, modificar las Leyes 27867 y 27783 para fortalecer el desarrollo integral de las municipalidades de centros poblados.

Asimismo, escuchó la sustentación de la diputada Roxana Rocha Gallegos (Renovación Popular) sobre su Proposición Legislativa 00505-2026-2031-CD, «Ley de Defensa Responsable», que plantea modificar la Ley 30057 para que el Estado reembolse los gastos de defensa legal de servidores civiles solo cuando el proceso concluya con una decisión firme favorable (absolución, sobreseimiento o desestimación), en lugar de asumirlos por adelantado.

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