El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 459, 8556, 8557, y otros, que propone establecer mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad formativa de estudiantes de universidades asociativas sin fines de lucro, creadas por ley, con licencia institucional denegada.

La iniciativa obtuvo, en primera votación, 43 votos a favor, 34 en contra y 16 abstenciones. La segunda votación se realizará después de siete días calendarios.

SUSTENTACIÓN

El congresista Segundo Montalvo Cubas (PL), presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, explicó que la propuesta establece mecanismos excepcionales para asegurar la formación de miles de estudiantes perjudicados por la denegatoria de licenciamiento.

“El objetivo es equilibrar dos principios fundamentales: el interés superior del estudiante y la preservación de la calidad educativa universitaria”, indicó.

Destacó que se creará una Comisión Técnica de Gestión Excepcional, presidida por un representante del Ministerio de Educación e integrada por docentes con grado de doctor y experiencia en gestión universitaria, así como un representante estudiantil del tercio superior.

Precisó que la iniciativa tiene carácter temporal y de excepción, pues no permite nuevos procesos de admisión ni la ampliación de la oferta académica, y mantiene la supervisión de la Sunedu. Asimismo, establece la intangibilidad del patrimonio universitario para evitar su venta o transferencia.

En tanto, el congresista Jorge Coayla Juárez (JP-VP-BM), autor del Proyecto de Ley 459, recordó que en el Perú la oferta pública universitaria es insuficiente, lo que llevó a que las universidades privadas asociativas se conviertan en una alternativa de justicia social. Subrayó el caso de Moquegua, donde miles de jóvenes quedaron sin acceso a educación superior tras el cierre de la Universidad José Carlos Mariátegui.

La parlamentaria Katy Ugarte Mamani (PL), autora del Proyecto de Ley 8557, enfatizó que la educación es un derecho fundamental y que muchas universidades no lograron licenciarse por problemas de gestión, pese a contar con infraestructura y recursos suficientes.

De igual manera, Elías Varas Meléndez (JP-VP-BM), autor de la iniciativa legislativa 8556, defendió la propuesta como un pedido de la juventud de Áncash y denunció que algunas universidades, como la San Pedro de Chimbote, fueron capturadas por mafias.

“La educación superior no puede ser un privilegio, debe ser un derecho”, afirmó.

El congresista Flavio Cruz Mamani (PL) sostuvo que estas universidades son patrimonio de los pueblos y que nunca demandaron recursos del Estado, por lo que merecen una segunda oportunidad bajo un marco de reorganización.

En esa línea, Wilson Quispe Mamani (PL) advirtió que hubo criterios equivocados de la SUNEDU y pidió que se retome su Proyecto de Ley 387/2021 para establecer un plan de emergencia con reorganización integral.

El parlamentario Jorge Luis Flores Ancachi (APP) resaltó que estas instituciones beneficiaron a estudiantes de bajos recursos con pensiones mínimas, por lo que merecen ser reactivadas.

Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) señaló que las universidades no licenciadas no cumplieron con estándares básicos de calidad y que ya existieron mecanismos de traslado. Alertó que la propuesta podría dar “nueva vida” a instituciones inviables.

La congresista Gladys Echaiz Ramos (HyD) advirtió que el proyecto podría resultar discriminatorio al beneficiar solo a universidades asociativas creadas por ley, pese a que ya habían agotado plazos para regularizarse. Preguntó, además, de dónde saldrían los recursos para financiar su eventual funcionamiento.

La legisladora Patty Juárez (FP) cuestionó que la proyectada norma, bajo el pretexto de proteger a los estudiantes, termine reviviendo universidades no licenciadas.

“Nuestro compromiso debe ser con la calidad educativa, no con el patrimonio de instituciones que fracasaron”, remarcó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL