El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 02093/2021-PJ, 09492/2024- CR, 10731/2024-CR, 11263/2024-PJ, 11943/2024-CR, 12116/2025-CR y 12597/2025-CR, que plantea autoriza una nueva escala remunerativa aplicable al personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

Según el texto de la iniciativa aprobada, lo que se busca es el fortalecimiento institucional de dicha institución, a fin de garantizar una administración de justicia oportuna y de calidad, mediante la atracción y retención de personal calificado en sus órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas, con la autorización de una nueva escala remunerativa objetiva, equitativa y sostenible que mejore la competitividad remunerativa del sector.

También, se plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de 30 días calendario contados desde la entrada en vigor de la presente ley, realice el estudio técnico correspondiente a efectos de plantear la nueva escala remunerativa para el personal que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Vencido ese plazo y, en caso el MEF no hubiera realizado el estudio técnico, el Poder Judicial podrá presentar una propuesta al Economía y Finanzas.

El dictamen fue aprobado con 83 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Además, se le exoneró de la segunda votación.

El congresista Alejandro Soto Reyes, presidente de Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, sostuvo que la propuesta aprobada permitirá fortalecer la gestión de recursos humanos, reducir los conflictos laborales, atraer y retener personal calificado, disminuir incentivos a la corrupción y mejorar la eficiencia institucional.

“Todo ello se traduce en una mayor celeridad procesal e impacto positivo en la economía nacional”, expresó tras indicar que la medida alcanza a un aproximado de 17.875 trabajadores y será financiada con cargo a los recursos propios que tiene el Poder Judicial.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Solórzano, expresó que la iniciativa “es viable, técnica y presupuestalmente no implica gasto adicional al Tesoro Público, dado que el financiamiento proviene del presupuesto del Poder Judicial”.

Socialmente, la aprobación de esta ley contribuye a la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la justicia como valor esencial en un Estado democrático. Institucionalmente, permitirá al Poder Judicial retener y motivar a su personal, mejorando la calidad del servicio, la eficiencia procesal y la confianza ciudadana, enfatizó el parlamentario.

Durante el debate, los congresistas José Balcázar Zelada, Guido Bellido Ugarte, Raúl Huamán Coronado, Américo Gonza, Luis Aragón, Edgar Reymundo Mercado, Carlos Alva Rojas y Waldemar Cerrón Rojas, entre otros, coincidieron en señalar que la iniciativa apunta a eliminar la brecha de inequidad salarial; la precariedad económica; hace justicia a los trabajadores del Poder Judicial.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL