El Pleno del Congreso aprobó con 83 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la resolución legislativa que acusa al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en calidad de autor; y de peculado doloso, como instigador.

En consecuencia, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que procesa conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política, precisó el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, quien condujo la sesión plenaria.

La acusación solo requería de 55 votos, es decir, la mitad más uno del total del número legal de congresistas, menos el total de los integrantes de la Comisión Permanente.

Antes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dio cuenta de que el pasado 6 de marzo Vizcarra Cornejo presentó por escrito sus descargos y su renuncia a la prerrogativa del antejuicio y, por lo tanto, su derecho a no concurrir a la sesión, hecho que la Mesa Directiva consideró injustificada.

La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), se encargó de la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional 196 (antes 451), que presentó la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 14 de octubre del 2021.

Sobre el particular Camones Soriano, en su condición de miembro de la comisión acusadora, dio detalles de cada una de las acusaciones de los presuntos delitos en los que habría incurrido el exmandatario, comprendido en el informe final aprobado por la Comisión Permanente el 15 de febrero pasado.

Indicó que ha sido demostrado que Vizcarra Cornejo si conoció a Richard Cisneros Carballido, proveedor que no tenía las condiciones requeridas para su irregular contratación, lo que habría sido coordinado con las ministras de Cultura de esa época.

Cisneros Carballido no habría cumplido también con los requisitos mínimos para prestar sus servicios y recibir el encargo de la custodia del bien del Estado.

Asimismo, dio cuenta de la denuncia contra las exministras de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas y Sonia Guillén Onneglio por la probable comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible, aunque esta parte de la acusación fue archivada al no encontrarse vinculación con los hechos acusatorios.

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