La Defensoría del Pueblo planteó la necesidad de que el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social (MIDIS) se encargue de la supervisión de las ollas comunes, en coordinación con los gobiernos locales, a fin de garantizar la buena calidad de los productos alimenticios que se ofrecen a los sectores menos favorecidos.

Durante la sesión de la Comisión especial multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del programa Hambre Cero, que preside la congresista Hilda Marleny Portero López (AP), Jonathan Granados Gálvez, comisionado del programa de descentralización de la Defensoría del Pueblo señaló que se requiere una legislación especial que garantice el derecho fundamental a la alimentación.

Consideró necesario reglamentar la Ley 31458, a través del Decreto Supremo 002-2022-MIDIS el cual no fue consensuado con las ollas comunes y que se ha constituido en una limitante para atender las necesidades alimentarias.

Refirió que la Defensoría intervino las ollas comunes recomendando a la Presidencia del Consejo de Ministros que el MIDIS sea el responsable de la conducción de las ollas comunes y que se le asegure la provisión de alimentos.

Sostuvo que tras la pandemia del coronavirus hay mayor pobreza y, por ello resulta necesario que el Estado mantenga la atención de los sectores menos favorecidos, a través de las ollas comunes.

La congresista Portero destacó que en la Comisión se ha visibilizado a la población que se encuentra afectada por la falta de agua, alimentos y otras carencias de carácter social.

Rosa María Pazos, jefa del Programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo, dijo que más allá de las cifras, se genera una esperanza entre la población que requiere la atención de sus necesidades. Añadió que se requiere de mayor inversión presupuestal en todo lo que es protección social.

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