La Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, bajo la presidencia de la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), aprobó el dictamen recaído en el proyecto de Ley 4964/2022-CR que, con un texto sustitutorio, propone la Ley que reconoce a la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESCOFFAA), como institución de educación superior, de nivel de posgrado académico, integrante del Sistema de Educación del sector Defensa, encargada de desarrollar programas de educación conjunta para las Fuerzas Armadas.

En la propuesta pueden participar en la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas – ESCOFFAA el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, los miembros del servicio diplomático de la República, funcionarios de órganos del Estado afines al sector Defensa e invitados extranjeros.

En su disposiciones complementarias finales, señala que los Institutos y Escuelas de Educación Superior de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú o centros de formación equivalentes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú mantienen su autonomía académica, económica, administrativa y de gobierno establecido en las leyes y normas que los rigen.

Tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller técnico y los títulos de técnico y profesional técnico.

Las escuelas de oficiales y escuelas superiores de las Fuerzas Armadas (ESGE, ESGN y ESGA), y la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas – ESCOFFAA, órganos académicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional del Perú, tienen los deberes y derechos que confiere la presente ley para otorgar a nombre de la Nación el grado de bachiller y los títulos de licenciado respectivos que corresponden a las escuelas de formación.

Además, los grados académicos de maestro y doctor que les corresponde de acuerdo a la legislación vigente, equivalentes a los otorgados por las universidades del país, que son válidos para el ejercicio de la docencia y para la realización de estudios posteriores.

Por otro lado, la comisión aprobó la conformación del grupo de trabajo denominado “Seguimiento y fiscalización de las compras realizadas por las entidades públicas responsables de la seguridad ciudadana en el país”.

El objetivo es conocer las compras y acciones realizadas por el Poder Ejecutivo destinadas a la reducción y eliminación de la inseguridad ciudadana en nuestro país.

Lo integran la legisladora Edith Julon Irigoin (APP) como presidenta, Tañía Ramírez García (FP) y Alfredo Azurin Loayza (AP), vicepresidente y secretario respectivamente.

Inhibición

La Comisión se inhibió en los proyectos de Ley 5788/2023-CR, Ley que establece la incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 a los trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicios – CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones con contrato a plazo indeterminado y en el proyecto de Ley 5917/2023-CR, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la instalación de pararrayos en las regiones de alta descarga eléctrica atmosférica.

También, se inhibió en los proyectos de Ley 5204/2022-CR, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1132 que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú y en el proyecto de Ley 6300/2023-CR, Ley que dispone la creación de la Autoridad Autónoma contra el Terrorismo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL