El congresista Yonhy Lescano (AP) denunció hoy que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ha sorprendido a la representación parlamentaria al presentar un informe técnico del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) que opina a favor del contrato de concesión a Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero (Cusco) cuando en realidad dicho ente regulador se pronunció en contra.

Fue durante el amplio debate multipartidario que se llevó a cabo en el seno de la Comisión Permanente a donde se presentó el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, para exponer a los legisladores de las distintas bancadas políticas el por qué el Gobierno ha suscrito una adenda al contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero.

Lescano comparó lo expuesto por el ministro Vizcarra ante los integrantes de la Comisión Permanente con el documento final de Ositran que, según alertó, se pronunció en contra del referido contrato de concesión. Y, allí preguntó al ministro Vizcarra el por qué se suscribió la adenda al contrato de concesión a favor de Kuntur Wasi cuando el organismo regulador del Estado opina desfavorablemente. «¿Quien dio la orden de firmar la adenda?¿Hubo presión política?» preguntó el legislador acciopopulista.

Los legisladores fujimoristas Fredy Sarmiento, Percy Alcalá, Mario Mantilla, Hernán Martorell y Roy Ventura criticaron desde distintos ángulos la adenda firmada por el actual gobierno con la empresa Kuntur Wasi tildándola de «totalmente deficiente», «lesiva para el país», «ilegal»y «mal negociada». Coincidieron también en reclamar la renegociación del plazo de concesión de 40 años dado por el Estado a favor del referido consorcio, más aún cuando el Estado asume el 80% de los costos de financiamiento del anhelado terminal aéreo internacional.

Los congresistas de Frente Amplio, Edgar Ochoa y Richard Arce también cuestionaron que el Gobierno haya dado un conjunto de facilidades a Kuntur Wasi y por lo tanto demandaron que se sancionen a los funcionarios estatales que no hayan defendido los intereses del Estado, mientras que Marisol Espinoza (APP) preguntó al ministro Vizcarra que identifique a «los inversionistas de última hora» que se han beneficiado con la venta de los terrenos adyacentes al futuro  nuevo aeropuerto internacional.

El legislador Francisco Dávila (PPK) cerró el rol de oradores advirtiendo a sus colegas que los contratos entre el Estado y un privado tienen protección constitucional por lo que su incumplimiento trae consigo consecuencias civiles y penales. «Como gobierno hemos heredado este contrato. Estamos tratando de solucionarlo. El Estado se ha ahorrado pagar 589 millones de dólares», dijo. (JSR)

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