Piden que Comisión de Fiscalización investigue durante 90 días el daño ecológico frente al mar de Ventanilla

Centro de Noticias del Congreso

21 Ene 2022 | 14:04 h

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Ángel (FP), tomó nota del pedido de su colega Enrique Wong (Podemos Perú) para que ese grupo de trabajo tenga 90 días de plazo -para investigar y deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar- por el irreparable daño ambiental ocasionado por el reciente derrame de seis mil barriles de petróleo frente al mar de Ventanilla.

De inmediato dispuso que la secretaría técnica de la referida comisión parlamentaria realice las acciones que correspondan para atender prontamente este pedido de investigación.

Antes, Enrique Wong pidió a sus colegas que respalden la presentación de una Moción de Orden del Día con la finalidad que la Comisión de Fiscalización se aboque a investigar -a profundidad- todas las aristas que comprende el reciente derrame de crudo y que, hasta ahora, ha afectado el litoral de los distritos de Santa Rosa y Ancón y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores.

«La Comisión de Fiscalización no puede estar ajena a estos hechos. Nuestros hermanos chalacos y el país merecen una explicación por este desastre ambiental. Se debe invitar, de inmediato, al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez y al representante de la Marina y de la empresa Repsol. 90 días son suficientes para tener un informe”, indicó el congresista Wong.

De otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, continuó indagando los presuntos actos de corrupción en la compra de pruebas rápidas desde el comienzo de la pandemia sanitaria y que debido a los falsos negativos habría causado la muerte de miles de peruanos.

Para tal efecto, recibió al jefe de la Central de Compras Públicas, Víctor Fernando Masumura Tanaka, quien afirmó que -desde que se inició la pandemia- el gobierno ha destinado cerca de 490 millones de soles para la compra de pruebas de diagnóstico de Covid 19 (pruebas moleculares y pruebas rápidas) y para implementos de laboratorio.

“Nosotros, a la fecha, hemos comprado 3 millones 470 mil pruebas moleculares y 5 millones 233 pruebas rápidas, en su momento”, dijo Masumura al tiempo de explicar que primero se realizaron compras por 300 millones de soles y quedó un saldo de 81 millones. Recientemente se transfirió 111 millones de soles para seguir comprando este año (pruebas moleculares y para laboratorio).

Con respecto a las pruebas rápidas dijo que fueron adquiridas a 4.60 dólares/unidad. “Creo que no hemos tenido ningún problema respecto a los precios”, dijo el funcionario y aseguró que fueron adquiridas a mejor precio que otras instituciones dentro de territorio nacional. Sin embargo, el congresista Javier Pardilla Romero (RP) preguntó si la calidad justifica el precio y cómo ello determinó la alta tasa de muertes en Perú por la Covid-19.

Con respecto a las afirmaciones de que se han comprado pruebas que daban falsos positivos, el funcionario sostuvo que se adquirieron de tres laboratorios “y dos de las compras grandes fueron a Cort Technology que tenía 97.6% de sensibilidad y a Orient Gene Biotech que tenía 93.8% de sensibilidad».

“Nosotros no hemos comprado pruebas de mala calidad”, dijo Masumura, al tiempo de subrayar que ambas empresas tienen certificación de calidad europea.

Al ser consultado por el congresista Enrique Wong sobre cuál fue el área del sector salud el que propuso la adquisición de las pruebas rápidas, el funcionario precisó que la estrategia sanitaria ha sido elaborada por el Ministerio de Salud y las compras se realizaron por encargo del Instituto Nacional de Salud.

“Nosotros recibimos en cada requerimiento el sustento que definía cuántas pruebas rápidas y moleculares se debían comprar en función a la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud”, agregó el funcionario.

CENARES

En la sesión también se presentó el ex director general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), Felipe Jesús Carrasco Retamozo, quien al inicio de su intervención sostuvo que ejerció el cargo desde el 13 de diciembre del 2019 hasta 30 de mayo de 2020.

Informó que -a través de Cenares- se firmaron contratos para la compra de gorros, chalecos, mascarillas de tres pliegues, mascarillas KN95, oxigeno medicinal, protectores de calzado “y todo lo que necesitaban el personal de salud. No compramos pruebas rápidas o moleculares. Solo se hizo la distribución previa coordinación”.

Confirmó que sí estuvo en la reunión de trabajo del 18 de marzo de 2020 liderado por el entonces presidente Martín Vizcarra en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a la cual asistieron la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza; la ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, entre otros. “Estuve ahí como operador logístico y para la distribución (de los productos sanitarios). No se trató nada respecto a concertar con proveedores de vacunas”.

Al final de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ventura Ángel, informó que se volverá a gerente general de la Central de Compras Públicas, Barbara Lem Conde; a la ex ministra de Salud, María Elizabeth Hinostroza Pereyra; al ex jefe del Instituto Nacional de Salud, Omar Virgilio Trujillo Villarroel y al representante de la empresa Roche Diagnostics, Roberto Carlos Taboada Gorbitz.

OFICINA DE COMUNICACIONES

 

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