El parlamentario andino por el Perú, Juan Carlos Ramírez, junto a la secretaría general de la Comunidad Andina (CAN), organizaron el Segundo Taller Regional de Difusión sobre Marcos Normativos en Materia Ambiental. El evento se llevó a cabo los días 18 y 19 de marzo de 2026 en el auditorio del Gran Salón de la sede central de la CAN en Lima, que tiene como finalidad promover la implementación de la recomendación N.º 511 del Parlamento Andino, denominada «Marco normativo para la lucha contra la tala ilegal y comercio asociado en los bosques amazónicos de la región andina».

De acuerdo a la propuesta, la aplicación de este instrumento beneficiará a la región al plantear acciones de carácter supranacional orientadas a fortalecer la gobernanza forestal, mejorar la cooperación entre los Estados andinos y enfrentar de manera articulada la tala ilegal, promoviendo además el aprovechamiento legal y sostenible de la madera como un motor de desarrollo económico. El principal objetivo del encuentro consistió en recopilar insumos técnicos para elaborar un proyecto de decisión de la Comunidad Andina.

Según la documentación técnica de la Comunidad Andina (CAN), el comercio ilícito de madera constituye uno de los delitos ambientales más lucrativos a nivel global. Esta actividad representa entre el 15 y el 30 % de la producción mundial de madera y alcanza hasta el 90 % de la tala en diversos países tropicales. Frente a esta situación, el taller congregó a autoridades del sector forestal, representantes de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional. Durante las jornadas de trabajo, las autoridades forestales expusieron la institucionalidad vigente y, a través de mesas técnicas, formularon propuestas evaluadas por su impacto esperado y factibilidad de implementación.

Entre los principales consensos, se planteó la creación de un Comité Andino de Autoridades Forestales. Este mecanismo busca fortalecer la gobernanza forestal regional, proporcionar un espacio técnico especializado para coordinar acciones, generar lineamientos técnicos comunes e impulsar futuras decisiones andinas de carácter vinculante. Además, se propuso la incorporación de tecnologías en la cadena forestal, como inteligencia artificial y ensayos forenses, para la identificación de especies y la reducción de la ilegalidad en el comercio de madera.

Durante la clausura de la actividad, el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez remarcó la necesidad de generar regulaciones supranacionales estrictas. «Este espacio representa un paso clave para avanzar hacia la adopción de una decisión vinculante de la Comunidad Andina, basada en la Recomendación N.º 511 del Parlamento Andino», señaló el legislador. «La tala ilegal debe abordarse como parte de estructuras criminales complejas, vinculadas a actividades como la minería ilegal, el tráfico de fauna y el lavado de activos, lo que exige una respuesta integral, articulada y sostenible desde los países de la región», precisó.

Por su parte, el secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez Reinel, subrayó la urgencia de establecer políticas comunes ante la naturaleza transfronteriza de estas economías ilícitas. «La finalización de este taller no representa únicamente el cierre de una agenda técnica y exigente, sino sobre todo un avance concreto hacia la consolidación de una gobernanza forestal subregional», afirmó la autoridad comunitaria.

Añadió que actualmente se enfrenta una economía ilícita de gran escala articulada con el crimen organizado transnacional y el uso de criptomonedas. Finalmente, precisó que estos esfuerzos fortalecerán la aplicación de normativas existentes como la decisión 922 de la Comunidad Andina, la cual beneficia a la región al establecer lineamientos de cooperación, el intercambio de información y la acción coordinada para enfrentar de manera integral diversas economías ilícitas.

En el evento también participaron Eduardo Chiliquinga Mazón, secretario general del Parlamento Andino, y parlamentarios representantes de las delegaciones de Bolivia, Colombia y Ecuador.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL