La Comisión Permanente otorgó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente el informe de final de cinco denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas, contra Martín Vizcarra Cornejo, ex ministros de Estado y la actual fiscal de la nación.

Ello en cumplimiento al procedimiento de acusación constitucional establecido en el inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.

Las denuncias a las que se dio el referido plazo son:
-Denuncia Constitucional 580, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de expresidente de la república; Víctor Marcial Zamora Mesía, en su condición de ex ministro de Salud y María Antonieta Alva Luperdi, en su condición de exministra de Economía y Finanzas, como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos en la figura de colusión agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el segundo y tercer párrafo del artículo 384 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

El acuerdo fue aprobado por 19 votos y una abstención.

-Denuncia Constitucional 587, formulada la actual fiscal de la nación contra Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

El acuerdo fue aprobado por 18 votos (unanimidad).

Previamente se aprobó la acumulación de la Denuncia Constitucional 587 contra Alberto Otárola a las denuncias constitucionales 460, 462 y 463.

-Denuncia Constitucional 570, interpuesta por los congresistas Alejandro Muñante Barrios, Miguel Ciccia Vásquez, Norma Yarrow Lumbreras y otros de la bancada RP, contra Delia Espinoza Valenzuela, en su calidad de fiscal suprema y posteriormente como fiscal de la nación en ejercicio, por la presunta infracción al numeral 1 del artículo 159 de la Constitución, así como la comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

La decisión se adoptó 17 votos a favor, dos en contra y 0 abstenciones.

-Denuncia Constitucional 593, interpuesta por la actual fiscal de la nación contra Víctor Manuel Torres Falcón, en su condición de exministro del Interior, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, en agravio del Estado, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

El acuerdo fue por 10 votos a favor, 0 en contra y 9 abstenciones.

PROCEDENTE EN UN EXTREMO

También fue aprobado, por 14 votos, 0 en contra y 3 abstenciones, dar el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente su informe final sobre la Denuncia Constitucional 544, interpuesta Juan Antonio Fernández Jerí, por su propia representación y en su condición de jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

La denuncia es contra Luz Inés Tello de Ñeco, en su condición de exmiembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, en su condición de presidente de la JNJ y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, en su condición de expresidente de la JNJ, como presuntos autores de la infracción al artículo 139 numeral 3, concordante con el articulo 156 último párrafo de la Constitución Política; y, por los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en los artículos 376 y 377 del Código Penal vigente, en agravio del Estado.

Este extremo fue declarado procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

AL ARCHIVO

Precviamente, la Comisión Permanente envió al archivo ocho denuncias constitucionales declaradas improcedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL