La presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Tessy Torres Sánchez, informó que hubo seis derrames de gas desde el 2004 en la zona de La Convención, Cusco y en Ayacucho, producidos por la rotura parcial, fisura y goteo por soldadura en los gasoductos.

A partir de ese año a la fecha, se generaron roturas total e incendio, filtración por perforación, arrugas con fisura. El 3 de febrero de este año, en el kilómetro 8,900 hubo una remoción de gran magnitud. El hecho, dijo, se encuentra en investigación.

Esta información fue dada a conocer en la sesión conjunta que realizan hoy martes 6 de Marzo, las comisiones de Pueblos Andinos y de Energía y Minas. Se esperaba la presencia de las ministras de la Presidencia, de Energía y Minas y del Ambiente, pero ninguna de ellas se hizo presente.

En su exposición, la funcionaria de OEFA dijo que en una visita de inspección se encontró que el bombeo en la zona destruida se encontraba paralizado, el derrame sin control y lo que importa en este momento es recuperar el líquido. Se tomaron 14 muestras de agua del suelo y se procedió el retiro del líquido del gas natural.

Se desconoce el número de personas afectadas en la quebrada de Kemariato, distrito de Megantoni, en La Convención, Cusco. Se ha impuesto una multa de 14 millones y medio de soles a la empresa Transportadora de Gas del Perú.

Por su parte, el viceministro de Energía y Minas, Raúl García Carpio, dio a conocer en la sesión que hubo 14 fallas, tres de gas natural y la diferencia en gas licuado originados por fallas en la presión.
Apenas producido el hecho se declaró en emergencia el servicio, pero no hubo restricciones en el servicio de gas natural.

Daniel Schmerler Vainstein, presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, sostuvo que este organismo supervisa la seguridad en el servicio y apenas conocidos los incidentes del 3 de febrero se instaló un comité de emergencia y el 15 del mismo mes se restituyó el servicio.

Se trató –informó- de un fuerte movimiento del suelo ocasionado por las lluvias intensas, lo que ocasionó que los ductos quedaran expuestos a dos metros de la superficie.

Informó que Osinergmin, durante el 2,017 ha realizado 216 actividades de supervisión en los campos a ductos de transporte de GN  y se han ejecutado multas equivalentes a 6,842.97 UIT, aproximadamente S/. 28’398,326 por los incidentes ocurridos.

Muy indignado, a su turno Daniel Ríos, dirigente y regidor del distrito de Megantoni, hizo expresar su malestar. Crítico a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araóz Fernández. “A la señora ministra, no le interesa el tema del derrame”, acotó.

Afirmó que todos llegaron tarde. El pueblo indígena sabe que es interés nacional, genera trabajo y abastece de energía a Lima, pero la contaminación ya estaba entre nosotros.

No estamos de acuerdo con la inversión privada, pero que se respete la vida del medio ambiente,  los animales y de nosotros, refirió.

Daniel Ríos aseveró que no van a permitir que los derrames continúen. La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP),  asuma el problema con proyectos sociales. La OEFA y Osinergmin no están haciendo su trabajo eficiente.

“Pido respeto de los Derechos y la vida de los indígenas. Somos peruanos, no somos de tercera categoría”, culminó.

La legisladora Alejandra Aramayo Gaona (FP), dijo que Todo está en investigación. Hay un halo de impunidad de como se trata el medio ambiente.

“Se debe pedir un reporte de las lluvias. Para determinar si siempre es la causa de los derrames. La empresa TGP es la segunda en el ranking generando derrames”, acotó.

A ese pedido se sumó la parlamentaria María Elena Foronda, quién denunció además que hay impunidad que afecta a la población.

“Te contaminan y te dan un programa social. Todos los procesos están judicializados, casi el 90%. TGP debe informar, el delito que han cometido. Es el juego del gran bonetón. Acá las empresas se convierten en juez y parte. El mundo al revés. Están contaminando y matando a la gente”, añadió.

Propuso la intervención inmediata del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Que se realice una auditoría que de recomendación en términos técnicos y legales. “Se debe esclarecer una verdad que el Estado no lo quiere hacer”, refirió.

El congresista Edgar Ochoa Pezo (NP), sostuvo que el Estado no ve a las poblaciones originarias como beneficiarios. Las personas son la riqueza. Toda solución es técnica,  y los pobladores, nada.

“Es lamentable lo que han demostrado los funcionarios, no les interesa las personas. No se amparen en el tema de las lluvias. Eso es un pretexto climatológico. No fueron al lugar el 3 ni el 4, porque era sábado y domingo, y no trabajan”, afirmó.

Momentos después, el parlamentario Juan Carlos Del Aguila Cárdenas (FP), dijo que los diferentes gobiernos, no cumple con su rol. Así funcionan, lamentablemente.

“Este fenómeno natural, se debe prevenir. Que hace OEFA, solo se dedica a sancionar y no a la prevención, controlar. No pensemos que con una auditoría se va a solucionar el problema. No ahuyentemos a la inversión privada”, comentó.

También pidió la palabra, el congresista Benicio Ríos Ocsa que señaló que son 15 años de explotación de gas en el país. Qué cambios ha generado la explotación del Gas de Camisea.

“Ya no hay caza, no hay pesca. El daño ambiental es tremendo. No hay justicia ambiental. Se tiene que tomar este asunto con mucha responsabilidad. Solicito que se de atención al Bajo Urubamba”, demandó.

Finalmente, la legisladora Nelly Cuadros Candia (FP), manifestó que acudieron a la PCM a mendigar un derecho. No nos hacen caso.

“Ocho días después del derrame llegamos  a la zona y detectamos que a dos metros del derrame se había producido un derrame de unos 600 mil galones de hidrocarburos en la zona de Bajo Urubamba”, denunció.

«Esperemos que el jueves próximo se presente el pedido para conformar una comisión investigadora sobre este tema y sea aprobado por el Pleno», dijo finalmente la congresista.

 PRENSA CONGRESO