Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó hoy diversos artículos que tienen el propósito de obligar la utilización del sistema financiero cuando se realicen determinadas operaciones que representen un riesgo de evasión tributaria y lavado de activos.

            Para este efecto, se ha modificado el Texto Único Ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía; y la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053.

            El texto fue dictaminado por la Comisión de Economía y aprobado por unanimidad. Su presidente, congresista Güido Lombardi, dijo que la propuesta constituye una herramienta de lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

            El proyecto de ley establece que las obligaciones superiores a las tres unidades impositivas tributarias (por encima de los 12 mil soles), deberá ser realizadas a través de medios de pago, inclusive cuando se realice parcialmente. Entre ellas, para la constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles, transferencia de propiedad o constitución de derechos sobre vehículos, y el aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica.

            Aquellas personas que realicen operaciones de comercio exterior también podrán cancelar sus obligaciones (con personas naturales y/o jurídicas), con medios de pago. Estos son los depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjetas de débito, de crédito, cheques, remesas y cartas de crédito.

            La norma también destaca la intervención de un notario o juez de paz, quienes deberán verificar la existencia del documento que acredite su uso, e insertar o adjuntar una copia del mismo, haya o no concluido el proceso de firmas.

            En este punto, la congresista Luz Salgado destacó la labor que tienen los notarios de hacer cumplir la norma y que se haga una exhortación al Colegio de Notarios. Dijo que se trataba de “un buen proyecto de ley”.

            También destacaron el objetivo de la norma los congresistas Percy Alcalá (se trata de una medida para evitar el dinero ilícito, afirmó), Gino Costa (someter las operaciones al escrutinio de la lucha contra el lavado de activos) y Marisa Glave: los medios de pago en el sistema financiero permitirán seguir la ruta de dónde provienen los dineros.

            Puesto al voto por el presidente del Congreso, el proyecto tuvo 106 votos. Ninguno en contra. Fue exonerado de segunda votación con igual número.

FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL

            Con algunos votos en contra de integrantes de la Comisión de Educación, el Pleno aprobó previamente el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. La Junta de Portavoces acordó exonerar del trámite de envío a comisión de esta iniciativa.

            Sobre el proyecto de ley, la congresista Leyla Chihuán pidió que se analizara el tema porque se estaba legislando sobre una institución deportiva privada y  se trataría de una injerencia. Además, la propuesta, afirmó, tiene nombre propio porque prorroga por un “ciclo olímpico” más el proceso eleccionario para la presidencia de la Federación, mientras tanto seguirá vigente el mandato de la junta actual.

            Daniel Salaverry informó que se había reunido con directivos de la Federación Peruana de Fútbol, de la FIFA y de la Conmebol, quienes apoyaron la propuesta y dieron a conocer diversos aportes. Sin embargo, también hubo opiniones en contra, entre ellas del Colegio de Abogados y de la Asociación de Futbolistas Profesionales.

            El congresista Yonhy Lescano dijo que el proyecto no había sido estudiado por la Comisión de Educación, y Wilbert Rozas afirmó que se estaba discutiendo era un tema privado y que habría que tener en cuenta las opiniones en contra. El proyecto señala en su artículo 2, que la FPF es una persona jurídica de derecho privado y goza de plena autonomía e independencia en materia deportiva, administrativa, económica, financiera y organizacional.

            Puesto a votación, se aprobó con 72 votos. Hubo 30 en contra y tres abstenciones. Se exoneró de segunda votación.

CARRERA JUDICIAL

            El Pleno matutino su sesión (9:57 am) con el debate del proyecto de Ley de la Carrera del Trabajador Judicial que, pasado el mediodía, seguía en un cuarto intermedio en espera de llegar a un texto consensuado.

            Justiniano Apaza, presidente de la Comisión de Trabajo, dijo que era una iniciativa del Poder Judicial y que busca modificar una norma de 1993 que continúa vigente. Afirmó que el MEF se ha pronunciado a favor y el presupuesto de 2018 incluye el pago de la escala remunerativa en el Poder Judicial.

            Alejandra Aramayo destacó también la propuesta porque el Congreso va a hacer  realidad un antiguo anhelo de los trabajadores. Pidió un cuarto intermedio para que se incluyan sus propuestas.

            Por su parte, Javier Velásquez Quesquén anunció que la bancada aprista apoyará la iniciativa y dijo que se trata de una norma de la que se habla desde hace 20 años. Es un esfuerzo orgánico e institucional que da a los trabajadores una herramienta legal que posibilitará su desarrollo y reconocimiento profesional, afirmó.

            En el mismo sentido, Marisa Glave dijo que debería tener especial atención el principio de la meritocracia; abogó por el respeto a la carrera judicial desde el ingreso.

A la 1:30 pm, se dio a conocer el texto sustitutorio de esa iniciativa, que establece «un régimen exclusivo» para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Señala que el mérito se aplicará en en el PJ como mecanismo para el ingreso y progresión del trabajador en la carrera judicial.

El proyecto de ley, de 65 artículos y cuatro disposiciones complementarias finales, fue aprobado con 97 votos. Hubo once abstenciones. Fue exonerado de segunda votación con 98 votos. (O/M/C)

PRENSA CONGRESO 

11-1-18