El Presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Heresi, anunció una reunión conjunta con la Comisión de Constitución a la cual asistirán el presidente del Poder Judicial y la ministra de Justicia para que informen de las acciones emprendidas por sus despachos frente a a la violencia contra la mujer. Será el próximo 21 de setiembre, desde las 10 de la mañana. 

De otro lado, sin ningún voto en contra, la comisión  aprobó la propuesta legal de la Contraloría General de la República para que todos los funcionarios y servidores estatales -independientemente del régimen laboral en el que se encuentren- sean obligados a presentar sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas. 

Hoy en día, existe en la planilla estatal un millón 400 mil trabajadores estatales quienes -de aprobarse esta propuesta de ley en el pleno del Congreso- estarán fiscalizados por la Contraloría General de la República. La propuesta de ley original del ente contralor fue fijar que esta obligación sea para aquellos servidores que perciban un ingreso mensual o mayor equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) -esto es, 3.900 soles- pero durante el debate multipartidario ese límite fue desechado.

Antes de este pronunciamiento congresal intervino el procurador de la Contraloría General de la República, Jaime Ortiz, quien dijo que lo que busca la entidad contralora con la propuesta de ley es conseguir la transparencia en el quehacer público y aseveró que hoy en día se está trabajando un diseño informático para procesar toda la información que se reciba  por parte de los funcionarios y servidores estatales a fin de derivarlos luego a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Ministerio Público en caso se advierta alguna irregularidad o ilicitud.

Ortiz precisó a los congresistas que hoy en día solamente 123 mil 053 servidores estatales cumplen con presentar sus declaraciones de bienes, ingresos y rentas cuando el universo total de trabajadores públicos asciende a un millón 400 mil personas.

Marisa Glave, de Frente Amplio; Gino Costa y Alberto de Belaunde, ambos de Peruanos por el Kambio, Yeni Vilcatoma y Octavio Salazar, ambos de Fuerza Popular, entre otros, plantearon algunas observaciones como la cantidad de casos de presunto enriquecimiento ilícito detectado por la Contraloría; la utilidad pública que tendría extender esta obligación legal a todos los trabajadores estatales y hasta la posibilidad de aumentar el sueldo de los alcaldes porque hay casos que estas autoridades ediles perciben una remuneración ascendente a mil 500 soles al mes y tienen a su cargo la suscripción de millonarios contratos de obras públicas en sus respectivas circunscripciones.

Otra propuesta de ley remitida por la Contraloria General de la República y que fue aprobada por unanimidad por la comisión de Justicia -que preside Salvador Heresi, de Peruanos por el Kambio- es aquella que establece que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por este el ente contralor. 

Al respecto el procurador de la Contraloría, Jaime Ortiz, dijo que de las 750 demandas judiciales que durante los últimos cuatro años ha tramitado el ente de control en el Poder Judicial por montos millonarios contra funcionarios estatales que han producido daños y perjuicios al Estado, solamente 92 causas judiciales han sido declaradas improcedentes o inadmisibles «por la indebida exigencia de acreditar la realización de un proceso de conciliación extrajudicial y ello origina un significativo retraso en la actividad persecutoria del Estado, superior a un año por cada caso, en promedio», dijo.

Como muestra de su afirmación, el representante de la Contraloria mencionó la demanda por daños y perjuicios contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaura, presentada el 22 de abril del 2015, ante el 3er Juzgado Civil de Lima por la suma de un millón 320 mil 298 soles y luego de casi un año y medio la demanda aún no es admitida. 

 Quedó pendiente para la próxima sesión de la comisión de Justicia la aprobación de los grupos de trabajo correspondientes al período legislativo 2016-2017 .

PRENSA CONGRESO