Por amplia mayoría de votos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó esta tarde un proyecto de ley que declara de interés público la construcción de establecimientos penitenciarios alejados de zonas urbanas y de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.

A pedido de la legisladora Gladys Andrade (FP) se incorporó en el texto legal sancionado -y que será sometido a consideración de la sesión  plenaria- que estos próximos centros penales deben estar ubicados por encima de los cuatro mil metros de altura sobre el nivel del mar.

Por unanimidad se aprobó el dictamen que prohíbe la tenencia y uso de equipos terminales móviles no autorizados en los centros penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional y autoriza el bloqueo de comunicaciones. 

Antes, el autor de la propuesta Edwin Vergara (FP) expuso la importancia de esta futura ley que apunta a complementar la ley vigente desde hace algunos años sobre la instalación de los bloqueadores en los centros penales. Informó que luego de seis meses de arduo estudio se concluyó con esta propuesta legal que plantea que todas las llamadas ilegales desde un celular dentro de un penal tendrá una señal de alerta o de advertencia de su procedencia, serán bloqueadas y reportadas en un plazo de 24 horas al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

También se aprobó el predictamen del proyecto de ley que incorpora un nuevo instrumento financiero en el mercado que puede ser utilizado en cualquier momento por el propietario de una vivienda: la hipoteca inversa que consiste que una vivienda podría ser otorgada en garantía contra un crédito. El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y Ministerio de Justicia han opinado favorablemente sobre esta proposición. 

La Comisión de Justicia sancionó favorablemente que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en sus diversas formas (esclavitud sexual, unión forzada, embarazo forzado, aborto forzado, prostitución forzada, esterilización forzada, tortura en mujeres embarazadas, tortura en órganos sexuales, entre otras) se  incorporarán a los alcances de la Ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR). 

La autora de la propuesta Tania Pariona (FA) explicó que existen 1.580 mujeres que han padecido de violencia sexual y requieren tratamiento psicológico y acceder a los servicios de salud y educación. La Defensoría del Pueblo opinó a favor de la iniciativa mientas que el Ministerio de Justicia considera que se busca legislar sobre aspectos que se encuentran amparados en la normatividad vigente.

Por unanimidad la Comisión de Justicia rechazó las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, insistió en la propuesta de ley que sanciona el acaparamiento, la especulación y la adulteración en zonas declaradas en emergencia por desastres. 

Se archivó la proposición legal para modificar el Código Civil con la finalidad de requerir la prueba psicológica como requisito para contraer matrimonio porque va contra la obligación del Estado de promover el matrimonio porque se estaría creando más obligaciones y mayor costo para los contrayentes. (JSR)

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