Se aprueba dictamen en Comisión de Justicia

No sería obligatorio necropsias a víctimas de covid-19 o accidentes

Centro de Noticias del Congreso

17 Jun 2020 | 15:43 h

No sería exigible la necropsia de ley en caso de muerte producida por accidente en un medio de transporte, por un desastre natural o por enfermedad epidémica o pandémica -caso COVID 19- que implique la declaratoria de emergencia nacional sanitaria.

La propuesta presentada por el Ministerio Público fue aprobada el miércoles 17 por mayoría, con dos abstenciones y ninguno en contra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo (AP).

La iniciativa, que plantea la modificación del Código Procesal Penal, el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, busca modificar el procedimiento de la necropsia, en el contexto de la pandemia o epidemia, para reducir los riesgos de contagio y salvaguardar la salud y vida del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Aclara que el procedimiento no afecta la identificación del cadáver antes de la entrega a sus familiares. Asimismo, establece obligatoria la necropsia del fallecido de quien tenía a cargo la conducción del medio de transporte siniestrado. En los demás casos se practicaría a solicitud de parte o de sus familiares.

La congresista Martha Chávez (FP), se manifestó de acuerdo con la propuesta pero al momento de votar se abstuvo por no haberse incluido una previsión que, sin embargo, defenderá ante el Pleno, sobre la necesidad de hacer un descarte para determinar si las personas fallecieron o no por el COVID 19.

Serviría para prevenir e identificar los efectos de la pandemia. Hay una información que sigue el sistema de defunciones, que no coincide con el reporte del MINSA. La operatividad no impediría el levantamiento y entierro del cadáver y evitaría que más adelante se pueda evitar controversias de la causa de la muerte”, señaló.

DESAPARECIDOS Y REPATRIADOS

La congresista Martha Chávez (FP) solicitó que la comisión oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la situación de muchos peruanos varados en contra de su voluntad en distintas partes del mundo a donde viajaron por motivos de estudios, turismo o visita familiar. Advirtió de la situación extrema a la que están llegando muchos de nuestros compatriotas, quienes están durmiendo hasta en los aeropuertos.

La legisladora demandó medidas más efectivas al gobierno para solucionar esta situación y la de aquellos que, luego de retornar al Perú, tienen que pasar cuarentena en hoteles donde no se respetan sus derechos y los colocan en riesgo de contagio.

Por su lado, el congresista Alberto de Belaunde (PM) dijo que un reporte de la Defensoría del Pueblo registra que desde el 16 de marzo al 31 de mayo han desaparecido en el país 557 mujeres, de las cuales 355 son menores de edad.

Pidió invitar al Defensor del Pueblo y realizar una sesión conjunta con las Comisiones de la Mujer y Defensa Nacional y Orden Interno

La congresista Nelly Huamani (Frepap) sustentó su propuesta de ley nro. 5179 que plantea el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, planteó la modificación del Código Penal para inhabilitar, hasta en forma perpetua, en la administración o representación a quienes sean condenados por asesinato, secuestro, violación, malos funcionarios u otras formas agravadas.

CRIMEN ORGANIZADO

El congresista Daniel Urresti (PP) se presentó para exponer, como invitado, dos propuestas de su autoría, para modificar el Código Civil.

El primero, dijo, busca considerar dentro del crimen organizado la receptación y usurpación agravada, que no están considerados como delitos graves

Indicó que en las principales ciudades el mayor delito es el robo de celulares, el raqueteo, que tiene una serie de conexos que los convierte en organización criminal.

«Quien roba un celular es uno de los operadores, pero también están el que se lo compra, el almacenero y hasta el comprador«, anotó.

El parlamentario indicó que si se investiga y sanciona esta cadena de delitos se podrá luchar contra el crimen organizado y con ello el juez podrá aumentar la pena hasta en una tercera parte por encima del máximo legal fijado por el delito cometido.

Su segunda propuesta, dijo, llenará un vacío legal, con la incorporación del delito del tráfico de bienes de procedencia delictiva en el Código Penal, aprobado en el DL 635.

Para ese efecto, señala que quien de manera continua o mediante actividades subrepticias trafica bienes con conocimiento de su procedencia delictiva, será reprimido con pena privativa no menos de cuatro ni mayor de seis años.

PRENSA-CONGRESO

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