Al 2021 el 60% de las localidades del país y 35% de instituciones educativas a nivel nacional contarían con servicio de internet, según lo reveló Virginia Nakagawa, vice ministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante su participación en la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

La funcionaria sustentó la iniciativa del Poder Ejecutivo que propone modificar las funciones del MTC agregándole otras con el objetivo de desarrollar y promover condiciones apropiadas para el desarrollo digital  del país. Explicó que se propone establecer competencias claras para la elaboración de políticas integrales en el campo del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

El ente rector que lidere y articule estos esfuerzos públicos sería el MTC que en adelante tomaría el nombre de Ministerio de Transportes y Tecnologías de la Información y la Comunicación, anunció.

Actualmente, los proyectos para el desarrollo tecnológico son por iniciativas aisladas; al igual que el uso de las TIC en proyectos educativos, especialmente en zonas rurales donde existe duplicidad y traslape de esfuerzos, agregó.

Sostuvo que mediante la implementación de las TIC se fomentará el crecimiento y productividad del país; se favorecerá la formación y gestión educativa, se podrá optimizar la asistencia en salud y se promoverá el desarrollo de herramientas para prevenir desastres, gestión de tránsito y de seguridad, entre otros.

Los legisladores Jorge Meléndez Celis (PPK) y Federico Galindo (FP), coincidieron en reclamar la incorporación de sus zonas de origen (Loreto y Junín) en el sistema de banda ancha digital. En la selva baja y selva central se encuentran las señales de internet más débiles, señalaron.

DISPOSICIONES PARA PERSONAS CON SENTENCIA CONSENTIDA

Otra iniciativa del Poder Ejecutivo aprobada en la Comisión de Descentralización es la que establece disposiciones para las personas con sentencia consentida o ejecutoriada por los delitos de Tráfico Ilícito de drogas, Lavado de Activos, Terrorismo, Apología del Terrorismo y Delitos Contra la Administración Pública, que se encuentren excarcelados.

Para ellos se propone la obligación de los deudores de reparación civil que informen de manera trimestral al Consejo de Defensa Jurídica del Estado su domicilio real y actividad económica que desarrollen. También estarán impedidos de prestar servicios a favor del Estado en cualquier forma o modalidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR DESDE MUNICIPIOS

A iniciativa del legislador César Segura Izquierdo (FP), la comisión aprobó el proyecto de fortalecimiento de la defensa del consumidor desde las municipalidades provinciales y distritales, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los consumidores a información, prevención y promoción de sus derechos a través de los gobiernos locales que se considerarán como parte  del sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, conforme lo establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

ESPACIOS PÚBLICOS

La legisladora Indira Huilca (Nuevo Perú), sustentó su iniciativa que propone establecer un marco normativo y lineamientos generales para la protección de los espacios públicos a nivel nacional, cuyo objetivo es contribuir con su manejo y sostenibilidad como elementos esenciales para la mejora de la calidad de vida de las personas y del ambiente. Dicha iniciativa será acumulada con otra similar propuesta por la legisladora Marisa Glave (EPA)

PRENSA – CONGRESO

9-5-2018

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