La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 8598, 8989 y otros, que modifica el Decreto Legislativo 1441, del Sistema Nacional de Tesorería, respecto de la gestión de ingresos de los recursos directamente recaudados para que ya no sean administrados por el gobierno central.

Con ello, se busca acelerar los procesos internos de las entidades que necesitan los recursos provenientes de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, para cumplir con objetivos relacionados a la prestación oportuna y de calidad de los servicios públicos que ofrecen, además de poder mejorar los niveles de infraestructura necesaria para prestar los referidos servicios.

En ese sentido, se precisa, en el artículo 15 modificado, que los fondos públicos generados u obtenidos de la producción o prestación de los bienes y servicios autorizados con arreglo a ley, se encuentran bajo la administración y registro de las unidades ejecutoras y entidades que los generan.

La norma propuesta entraría en vigor, de aprobarse en el Pleno, a partir del 1 de enero del 2026.

Al respecto, el presidente de la comisión, Ilich López Ureña (AP), sostuvo que debe existir una verdadera descentralización fiscal para lograr un desarrollo real en todo el país. Por su parte, el congresista Germán Tacuri (BMCN) reconoció que esa forma de reorientar al gobierno central, los recursos directamente recaudados, ha tratado de evitar algunos malos manejos que se hacían en las regiones y provincias, pero que es necesario promover la descentralización y fiscalizar.

COMUNIDADES NATIVAS

También fue aprobado, por mayoría, el dictamen, recaído en el proyecto de ley 7673, de autoría del congresista (SP) Héctor Valer, que propone incorporar el inciso 28.5 al artículo 28 de la Ley N.° 30327, Ley de Promoción de las inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de reconocer y formalizar los derechos de propiedad de las comunidades nativas sobre tierras que actualmente contienen infraestructura petrolera, tanto pública como privada; reconociendo así sus derechos ancestrales.

Dichas comunidades tienen el derecho a que se les otorgue el título de propiedad colectiva sobre esas tierras conforme a la normativa nacional e internacional.

La formalización de títulos de propiedad para comunidades nativas sobre tierras con infraestructura petrolera podría incrementar considerablemente la inversión local. Al proporcionar seguridad legal, se facilita el camino para que los inversores desarrollen proyectos que sean respetuosos tanto con el medio ambiente como con las comunidades involucradas, potenciando así la economía local con inversiones sostenibles.

CONCURSO DE MARINERA

Al inicio de la sesión, fue aprobado, por unanimidad, el dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 3321, del congresista Héctor Acuña, el cual dispone que el Ministerio de Cultura en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo se encarguen de la organización del Concurso Nacional de la Marinera, de acuerdo con el ámbito de sus competencias.

El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo realizarán las acciones necesarias para la organización del Concurso Nacional de Marinera. Asimismo, se encargarán de la promoción y difusión de La Marinera, en su condición de expresión del folklore nacional y patrimonio cultural de la Nación.

A CUARTO INTERMEDIO

El dictamen del PL 1617, de autoría de la congresista Silvia Monteza (AP), que propone declarar de interés público y necesidad nacional, la autorización a favor de las Comandancias Departamentales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la asignación del equivalente al 1 % del presupuesto no ejecutado de cada ejercicio presupuestal anual del gobierno regional donde corresponda, pasó a un cuarto intermedio, tras el respectivo debate.

Su finalidad es dar un mejor uso al presupuesto no ejecutado por los gobiernos regionales del país, asignándolos a favor de las Comandancias Departamentales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios quienes requieren presupuesto para enfrentar la atención de emergencias en cada región.

Al respecto, el congresista Jorge Montoya (HyD) advirtió que el fondo de la propuesta es positivo, pero la forma no, debido a que se puede perjudicar a compañías de bomberos eficientes y dejarlas sin presupuesto. Planteó crear un fondo para repartir equitativamente esos fondos. Su colega Germán Tacuri también se pronunció en esa misma línea.

Finalmente, se decidió dejar en cuarto intermedio para mejorar la fórmula legal.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL