Ministros explican incidentes en Las Bambas

Centro de Noticias del Congreso

19 Oct 2016 | 15:36 h

 

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, insistió hoy miércoles, en culpar a dos coroneles de la Policía Nacional por haber ordenado inconsultamente la operación de desalojo en los alrededores de la mina Las Bambas (Apurímac) y que trajo como resultado un comunero muerto y veinte policías heridos.
Se trata del coronel PNP Juan Fernando Sarango Olaya, jefe de la Unidad de Planeamiento Operativo, que inconsultamente aprobò el plan de desalojo de la vía que conecta la comunidad de Quehuira con la mina y que culmina en Huancuire; y del coronel PNP Claudio Zúñiga Sánchez, jefe de la división policial de Orden y Seguridad-Abancay, porque no formuló la orden de operaciones y no comunicó ni el inicio ni la ejecución del desalojo al comando policial en el que participaron 150 policías.
A consecuencia de este operativo que ocurrió el pasado viernes 14 -del cual el ministro del Interior ni el director general de la Policía Nacional del Perú, Vicente Romero Fernández, admitieron que nunca fueron avisados- falleció el comunero Quintino Cereceda Huisa y resultaron 20 efectivos policías heridos en circunstancias que los uniformados tapaban las zanjas de la vía bloqueada y fueron atacados por 400 pobladores con piedras, palos y otros objetos contundentes.
A la fecha un equipo especial de investigación de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perù está realizando las investigaciones en el lugar de los hechos.
Tal fue la parte medular de la exposición que ofreció hoy el titular del Interior, Carlos Basombrío, en la sesión conjunta de las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos del Congreso de la República a la cual también se presentaron los ministros de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; la de Ambiente, Elsa Galarza, y Josè Elice como primer defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo.

MINISTRO DE ENERGÍA
El ministro Tamayo, quien en horas de la mañana estuvo en Cusco, informó a los legisladores que no hay posibilidades de reabrir el diálogo con los comuneros de Cotabambas, quienes el pasado 14 de octubre tomaron la vía referida en protesta porque la empresa MMG Las Bambas utiliza esa trocha como ruta para el transporte de minerales.
Por su parte, la titular de Ambiente, Elsa Galarza, anunció que habrá un nuevo estudio de impacto ambiental, mientras que el representante de la Defensoría del Pueblo declaró la plena disposición de esta entidad para lograr un espacio de diálogo y de confianza entre la empresa minera, el gobierno y los comuneros.

INTERVENCIONES
El congresista Jorge del Castillo (CPA) reclamó la inmediata presencia en la reunión parlamentaria del jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sosteniblidad, Rolando Luque Mogrovejo, pero fue el ministro de Energía y Minas quien informó que éste se quedó en el Cusco.
Del Castillo alertó que el origen de este nuevo problema social en Las Bambas está en la resolución directorial del 14 de noviembre del 2014 que cambia el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto. Allì se resuelve postergar la construcción de un mineroducto y se plantea que el transporte de los minerales extraídos de la mina se lleve a cabo por vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones, utilizando para ello una ruta de acceso público cuando los comuneros de Cotabambas consideran que esa trocha es de propiedad comunal.
Karla Schaeffer,de Fuerza Popular, reclamó a las autoridades ministeriales por la utilidad de las denominadas mesas de diálogo que impulsa el Gobierno, mientras que su colega de bancada Alejandra Aramayo culpó de esta situación al expresidente Ollanta Humala, el exministro del Interior José Pérez Guadalupe y hasta el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Por Frente Amplio intervinieron Manuel Dammert y Marco Arana, quienes pidieron explicaciones al ministro Basombrío si era cierto que hay convenios entre empresas mineras con la Policía Nacional, en tanto César Villanueva (APP) pidió al Ejecutivo que tome la iniciativa para retomar el diálogo con los comuneros de Cotabambas. Ante la inminencia de su presentación ante la Comisión de Defensa Nacional, el ministro del Interior Basombrío respondió los requerimientos planteados subrayando que es imposible que en términos legales una minera u otra empresa privada disponga el uso de efectivos policiales para un desalojo, por ejemplo.
Aseveró que gracias a un convenio de cooperación con la Cruz Roja y Francia, muy pronto se iniciará la formación de efectivos policiales para que sean expertos en la resolución de conflictos sociales con apego a la ley y al respeto de los derechos humanos.

PRENSA CONGRESO

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