El predictamen que propone la Ley que implementa los principios de meritocracia, transparencia, democracia, eficiencia, integridad, publicidad y representatividad en el Poder Judicial, posee aportes y avances importantes según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna.

El mencionado predictamen tiene su base en los proyectos de ley 454, 483 y 1617/2016-CR, 3430/2018-PJ, 3580 y 3677/2018-CR, 4930, 6218 y 6219/2020-CR, y estaba en la orden del día de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (Acción Popular).

En la quinta sesión extraordinaria de este grupo de trabajo, Vega Luna expuso no solo la opinión consultiva sobre dicha iniciativa legislativa, sino también sobre los avances de las políticas sectoriales en materia de Justicia y Derechos Humanos, sus planes y objetivos.

En lo concerniente al predictamen mencionado, que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el titular de Justicia detalló que se podrá “contar con mayores datos objetivos para el cambio de especialidad” de los magistrados.

Así también, dijo, “es positivo regular la remisión de plazas”, y en este punto precisó que “conviene consultar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ya que es un tema que se encuentra relacionado con sus competencias”.

Resaltó, además, el hecho de “conocer la hoja de vida, programas de gestión y plan de trabajo de cada postulante”, pues “brinda mayor transparencia a la elección de autoridades”.

POLÍTICAS PÚBLICAS JUDICIALES
El ministro de Justicia sostuvo que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia –instancia de coordinación permanente en donde están representadas todas las entidades públicas– trabaja un conjunto de decisiones consensuadas basadas en el objetivo de aprobar e implementar la política nacional en materia de justicia.

Esta propuesta, en sus palabras, posee nueve objetivos prioritarios que sintetizó en lo siguiente: el acceso a la justicia con la necesidad de impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de justicia; la modernización, con el fortalecimiento de los recursos humanos de las instituciones; y mayor transparencia, con el fortalecimiento de las políticas anticorrupción y el control disciplinario.

Asimismo, se busca la interoperabilidad con la creación de un Comité de Gobernanza de Datos del Sistema de Justicia; la formación de jueces y fiscales con la implementación de la formación especializada y exclusiva para jueces y fiscales; y precedentes judiciales con el hecho de brindar una mayor predictibilidad a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre los jueces supernumerarios dijo que se plantea establecer criterios meritocráticos y transparentes respecto a la designación de jueces en casos de vacancia, licencia o impedimentos por menos de sesenta días; y la necesidad de las siguientes reformas normativas: el Código Procesal Penal y la Ley General de Sociedades.

Sobre este último punto, la titular de la comisión le informo al ministro que el 1 de julio de 2020 el grupo que dirige aprobó un dictamen sobre Ejecución coactiva y se solicitó que si tiene en cartera nuevas propuestas debería hacerlas llegar para efectuar un trabajo conjunto.

En su alocución, Vega Luna señaló que se necesita que “se unan los esfuerzos informáticos que se realizan en el Ministerio Público, en la propia JNJ y el Instituto Nacional Penitenciario para constituir un sistema interoperable”, además anunció que se va a presentar un proyecto de ley al respecto.

También, mencionó sus propuestas de procedimiento de ejecución coactiva, Código Procesal Civil, Ley General de Sociedades, Proyecto de Ley del Juez de Ejecución Penal, Reforma de la Academia de la Magistratura, asimismo se comprometió en enviar a la comisión los anteproyectos para efectuar sesiones técnicas conjuntas.