Evitar el enfrentamiento entre peruanos y trabajar en una agenda común entre los poderes Ejecutivo y Legislativo a partir de la renuncia del ministro de Trabajo, Maraví Olarte, fue la exhortación de legisladores de la oposición, mientras que los representantes oficialistas incidieron en que este proceso interpelatorio solo busca obstaculizar el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

La congresista Magaly Ruiz Rodríguez (APP) lamentó que el país “se está dividiendo aún más. Vivimos una época en la que las provocaciones y enfrentamientos es moneda de todos los días, y no lo podemos permitir”.

Este punto fue enfatizado por Manuel García Correa (APP), quien afirmó que “estamos fomentando algo que la población ha rechazado todos estos años: vivir enfrentándonos entre peruanos”. El legislador esbozó, además, una autocrítica por amenazarnos “unos y otros”, y “aquí estamos para construir. La población nos ha dado la confianza para que nos pongamos de acuerdo. A que trabajemos por una agenda nacional”.

A su vez, Wilson Soto Palacios (AP) hizo referencia a la pandemia, “que nos ha hecho perder familiares y amigos, y el incremento de la pobreza, la economía está estancada y no hay cuándo acabar el enfrentamiento entre poderes”. E inmediatamente exigió al ministro de Trabajo que renuncie y deje trabajar al presidente Pedro Castillo.

La congresista Karol Paredes Fonseca (AP) dijo que “hoy el país tiene su atención en este recinto y clama tranquilidad y paz en medio de la pandemia, inestabilidad política y económica generada no por este Congreso sino por el Ejecutivo que ahuyenta las inversiones y (provoca) inestabilidad jurídica”.

La legisladora Heidy Juárez Calle (APP) expuso que “es incompatible con la democracia que alguien sindicado con el terrorismo pueda ser ministro de Estado. No hay decencia, no hay capacidad, no hay transparencia. La patria nos observa y tenemos el deber moral de luchar contra el terrorismo desde cualquier espacio. Y si eso implica una cuestión de confianza, pues que venga”.

Seguidamente, la parlamentaria Rosangella Barbarán Reyes (FP) preguntó al ministro “por qué los senderistas usan su nombre en vano”. Exhibió una serie de documentos y acusó al ministro de haber mentido al Parlamento. Se dirigió al presidente para que deje de poner al país en una crisis constante con «ministros cuestionados”.

Por su parte, la congresista María Zeta Chunga (FP) aseveró que “es hora de recuperar la confianza de muchos peruanos», mientras que María Cordero Jon Tay (FP) expresó que el Ejecutivo debe nombrar personas probas y “un requisito fundamental es que crean y practiquen la democracia con convicción. y eso es lo que adolece el señor Maraví”.

El representante de Avanza País, Juan Burgos Oliveros, acusó al ministro de ser el “gran divisor” del “gran sindicato Sutep, y este es un acto ilegitimo e ilegal”; brindó detalles que, según él, ilegitiman la legalización de la Fenate con una resolución exprés. Y relacionó ese hecho con un conflicto de intereses del presidente Pedro Castillo.

A su turno, Edward Málaga (SP-PM) señaló que al evaluar el pasado del ministro se pone en duda su idoneidad para el cargo y sus credenciales democráticas. “Las dudas persisten”, prosiguió, “y estas no le hacen bien al país. Esto genera más enfrentamiento, y más debilidad. Es hora de un nuevo gabinete democrático y paritario”; mientras que Wilmer Elera García (SP-PM) exhortó al presidente Castillo a renovar el gabinete, y que “no nos ponga contra la pared, por una sola persona”.

A su vez, el parlamentario Carlos Anderson Ramírez (PP) lamentó “la mala suerte del señor Maraví”, “que siempre ha estado en el lugar equivocado”, y lamentó que eso afecte su idoneidad para formar parte del Ejecutivo, y que no haya escuchado al premier cuando le pidió que dé un paso al costado.

A su turno, la legisladora Ruth Luque Ibarra (JP) sostuvo que “hay que contar bien la historia, pues hubo personas denunciadas injustamente, los sesgos ideológicos no nos permiten ver bien”. Lo concreto, dijo, es que el ministro no ha sido sentenciado por el Poder Judicial, y se ha hecho una relación de hechos que no le corresponde este Congreso; se han mostrado documentos de hace 40 años.

Por su parte, Samuel Coayla Juárez (PL) enfatizó que “no estamos con el terrorismo y la violencia, la presunción de inocencia es un principio de todo ciudadano”, y ello está consignado en la Constitución y en el Código Penal, donde se define que toda persona es declarada inocente mientras no se haya declarado su culpabilidad. Sostuvo, además, que esta interpelación busca desestabilizar el Gobierno y la gobernabilidad.

El congresista Fernando Herrera Mamani (PL) dijo que el ministro ha desvirtuado una a una todas las acusaciones, y le causa preocupación los discursos y los argumentos para interpelar «a pesar de que el alto funcionario no tiene antecedentes penales. ¿O será que las sentencias judiciales solo tienen validez para los que se creen dueños del país?”

El parlamentario Alfredo Pariona Sinche (PL) afirmó que el pueblo, efectivamente, quiere trabajo, “pero con un proceso de transformación”, que los grupos empresariales no desean; mientras que para Alex Paredes Gonzales (PL), en esta interpelación parlamentaria, “la contundencia de las respuestas los dejó sin piso, si es así hay que aceptarlo”, y si cuestionan su gestión, que presenten otra moción.

El congresista Esdras Medina Minaya (RP) exigió idoneidad en la elección de los cargos del Ejecutivo y dijo no tener miedo a la cuestión de confianza; por su parte José Cueto Aservi (RP) expresó que se sigue “hablando del pasado y el mismo discurso de victimización, todo generado, porque un señor no tiene los requisitos (para estar en el Ejecutivo), y no solo él, también el premier”.

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