Los ciudadanos tendrán derecho a contratar al notario  de su elección, incluso en operaciones de transferencias de bienes o derechos financiados por entidades que conforman o no el sistema financiero, con lo cual se modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

            En efecto, el Pleno del Congreso aprobó el lunes 17 incorporar el artículo respectivo que establece la libre elección de los servicios notariales en la contratación de servicios financieros, amparados por el Estado.

            La propuesta fue resultado del consenso entre las comisiones de Justicia y la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que presiden los congresistas Alberto Oliva (PPK) y Miguel Ángel Elías Ávalos (FP), respectivamente.

            El dictamen aprobado señala que para el cumplimiento de la disposición la empresa que financia la transferencia proporciona al usuario copia de los documentos registrales en los que consten las facultades de sus representantes o apoderados legales para suscribir los documentos públicos y privados en su nombre.

            Asimismo, el notario elegido debe identificar a los intervinientes y está obligado a contar con herramientas e infraestructura física y tecnológica que le permita acceder a la información registral sobre los bienes, derechos o mandatos y poderes.

            Señala que los Colegios Notariales están obligados a mantener la relación actualizada de los notarios que operan en cada jurisdicción que cumplan con los requisitos establecidos. 

            La iniciativa con texto sustitutorio -que comprendió los proyectos del congresista Octavio Salazar Miranda (FP) y del Colegio de Notarios de Lima- fue aprobada por 102 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, en primera votación; y la exoneración de una segunda con 89 votos a favor, una abstención y diez abstenciones.

RESCATE PARA PYMES

            Previamente se aprobó por mayoría (91 votos y exonerada de segunda votación) la ley que propone la creación de un plan de rescate financiero a los productores de las micro y pequeñas empresas afectados por el fenómeno El Niño costero.

            Ángel Neyra (FP)  presidente de la Comisión de Producción, Mypes y Cooperativas aseguró que esta ley establecerá las condiciones de calificación crediticias aplicables a las personas naturales y jurídicas que tienen deudas vencidas con las instituciones del sistema financiero de nuestro país.

            Maritza García (NA) aseguró que el Poder Ejecutivo determinará con prioridad los criterios y las condiciones de calificación financiera para las deudas pendientes de pago con instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Banca y seguros y AFP contraídas por las personas naturales o jurídicas de las  mypes afectadas por la naturaleza en el 2017.

            Por su parte, la parlamentaria Lourdes Alcorta (FP) se mostró a favor también de esta norma ya que hasta el momento, dijo, gran cantidad de pequeñas y medianas empresas aún no salen de la crisis ocasionada por dicho fenómeno,  teniendo la obligación el Estado en apoyarlos a resurgir.

            Finalmente, el Congresista Hernando Cevallos (FA) sostuvo que dicha norma ayudará a muchos pequeños y medianos empresarios de la región Piura que también sufrieron el embate de la naturaleza.

PRENSA CONGRESO