Con el fin de proteger la seguridad de todos los peruanos, fortaleciendo las instituciones, modernizando el trabajo del Ministerio del Interior y optimizando el uso de los recursos públicos para lograr resultados concretos en la lucha contra la inseguridad, el Estado busca enfrentar con mayor fuerza y eficacia la delincuencia y el crimen organizado a través de la Ley N.º 32386.

La ley, aprobada por la representación nacional, dispone que el Ministerio del Interior (Mininter) quede exonerado temporalmente de algunas restricciones de la Ley de Presupuesto Público 2025. Esta medida le permite agilizar la gestión financiera y operativa, destinando los fondos directamente al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, con el fin de enfrentar de manera efectiva el estado de emergencia por inseguridad.

Para actuar de forma inmediata, se autoriza al Mininter, gobiernos regionales y locales a realizar contrataciones no competitivas durante el estado de emergencia. Estas adquisiciones urgentes permitirán ejecutar acciones rápidas contra la inseguridad, priorizando bienes y servicios indispensables sin los trámites burocráticos habituales.

El dispositivo legal también garantiza el otorgamiento de una entrega económica al personal policial que voluntariamente participe en patrullajes y operaciones de investigación. El beneficio se encuentra contemplado en la Ley N.° 32197, y busca incentivar el trabajo directo en las calles para combatir la delincuencia.

Los gobiernos regionales y locales están facultados para transferir recursos al Ministerio del Interior, con el objetivo de financiar proyectos y actividades del Programa Presupuestal 0030. Estas transferencias deberán ser aprobadas mediante convenios y acuerdos publicados en el diario oficial El Peruano, asegurando la transparencia del proceso.

La norma ordena que la Contraloría General de la República realice control concurrente a todas las adquisiciones efectuadas por el Mininter y los gobiernos subnacionales, garantizando el uso correcto de los fondos y evitando actos de corrupción.

La Ley N.º 32386 tendrá una vigencia de 180 días calendario-hasta fines de diciembre de 2025- desde su entrada en vigor (14 de junio de 2025), salvo el artículo que regula el bono policial, el cual se aplicará hasta el final del año fiscal 2025. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está autorizado a asignar recursos adicionales para garantizar la ejecución de las acciones contra el crimen.

MEDIDA URGENTE

Vale indicar que el incremento de homicidios en el país obligó al Congreso a adoptar medidas urgentes desde junio de este año. Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), entre enero y la segunda semana de junio se registraron 1002 asesinatos. Lima encabeza la lista con 352 casos, seguida por La Libertad (108), Callao (94) y Piura (64), evidenciando una preocupante expansión del crimen en diversas regiones del país.

El informe precisa que la mayoría de estos crímenes están vinculados al sicariato, ajustes de cuentas y abandono de cuerpos en zonas aisladas. Este panorama refleja el crecimiento de la violencia organizada y la debilidad en la capacidad de respuesta de las autoridades.

Desde el punto de vista económico, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte que la delincuencia afecta directamente al crecimiento del país.

La raíz del problema también se relaciona con las deficiencias en la formación y equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP). La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 advierte que el sistema educativo policial presenta limitaciones en gestión, infraestructura y tecnología, y una escasa relación entre los planes de estudio y las funciones reales que cumplen los agentes en el campo.

Asimismo, la proporción de policías en el país está muy por debajo de los estándares internacionales. Mientras la UNODC recomienda 300 efectivos por cada 100 mil habitantes, el Perú solo contaba en 2019 con 147 policías asignados a comisarías básicas, lo que limita su cobertura y capacidad operativa. La carencia de personal impide la especialización, sobrecarga funciones y afecta la eficacia en la lucha contra el crimen.

Finalmente, la precariedad del equipamiento agrava la situación: el 70% de las computadoras y laptops policiales están inoperativas o desfasadas, y gran parte de los vehículos se encuentra en mal estado. Esta falta de recursos impide una respuesta efectiva ante la creciente ola de homicidios y delincuencia organizada que golpea al país.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL