La necesidad de establecer métodos de control legislativo para conocer los efectos de su aplicabilidad, con la participación del Gobierno central y otros organismos con iniciativa legislativa, fue planteada por diversos expertos que participaron en el foro sobre La Propuesta de Evaluación Institucional de la Ley en el Perú.

El profesor Juli Ponce Solé, de la Universidad de Barcelona (España) expresó que al hacer el control de las leyes todos los actores políticos deben actuar pensando en los intereses del país y no en menudos intereses coyunturales.

Igualmente se mostró de acuerdo en que el Parlamento debe ser uno de los protagonistas de la evaluación, al igual que el Gobierno central y otros organismos con capacidad legislativa, pues ellos son los principales actores en la aprobación de normas.

Dijo que los beneficios de una buena regulación permanecen en el tiempo, por lo que se debe considerar la evaluación de la ley, antes, durante y después de su aprobación, porque ese mecanismo permite un mejor seguimiento de la viabilidad de la norma.

Ponce Solé señaló que el control puede estar en manos de comisiones parlamentarias o de una comisión especial del Congreso, pues eso no es lo relevante. Y pidió a los parlamentarios peruanos que, si no se va a cumplir con la norma, quiten del reglamento del Congreso el artículo que habla del costo-beneficio de la ley.

Por su parte, Alberto Castro Barriga, profesor de la Universidad Católica, manifestó que la calidad de la normatividad es vital para la adecuada implementación de políticas públicas y para brindar servicios públicos de calidad a la población.

La confianza es fuente de legitimidad, se garantiza la seguridad jurídica y se fortalece el estado de derecho. En conclusión, la calidad de las normas fortalece el sistema democrático. Para ello es necesario aplicar principios como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la eficacia y el respeto al principio de legalidad, indicó.

A su vez, Federico de Montalvo, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas (España), saludó la decisión del Congreso peruano de establecer mecanismos de control o de evaluación de las leyes, aunque se mostró partidario de que ese control esté en manos del Ejecutivo, pues es el órgano que ejerce la mayor iniciativa legislativa en el país.

Indicó además que les toca a los ministerios evaluar las leyes que promueven, y a los jueces interpretar la aplicación de las normas aprobadas por el Parlamento.  Y dijo que ese control puede elevar a mejorar la calidad de las leyes.    

PRENSA-CONGRESO*

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