Juan Carlos Gutiérrez Azabache, representante de la Dirección General de Trabajo, explicó que durante los operativos que realizaron en el marco de los hechos acaecidos el 7 de diciembre pasado, se han desplazado 51 inspectores para realizar inspecciones laborales por un plazo de 30 días en las zonas que realizan actividades agroexportadoras.

Así lo informó ante la Comisión especial multipartidaria encargada de elaborar propuestas de la nueva Ley de Promoción Agraria, que preside el congresista Juan Carlos Oyola (AP).

Las inspecciones priorizaron hasta el momento a aquellas empresas que no fueron fiscalizadas anteriormente.

“Esta vez se inspeccionaron y fiscalizaron a 250 empresas (130 en Ica, 20 en Palpa y Nasca y 100 entre Pisco y Chincha), dónde se constató las condiciones actuales en las que laboran sus trabajadores. De estas 250 empresas fiscalizadas, 56 representan a la gran empresa a la que pertenecen, el 85 % de los 162 539 trabajadores”, manifestó.

Agregó que en menor escala, están los trabajadores que laboran para las medianas, pequeñas y microempresas, que constituyen estas 117 empresas. Sus trabajadores solo representan al 8 %.

Gutiérrez Azabache explicó que están implementando dos plataformas de inspección laboral para acercarse a la población asalariada y facilitar sus denuncias.

Debido a la extensión de los fundos se ha incorporado el uso de drones para la inspección física que no es suficiente. Los operativos permitieron ubicar a trabajadores no declarados o escondidos hallados en lugares remotos.

En paralelo se incorpora la explotación de datos que demuestran otros mecanismos, denuncias de trabajadores que son maltratados de manera recurrente. Debido a este perfil de empresa incumplidora es importante aplicar nuevas estrategias, manifestó el funcionario.

Propuestas para una nueva Ley Agraria

En otro momento, Gutiérrez Azabache propuso que los trabajadores del régimen agrario deben contar con una garantía de recontratación en concordancia al carácter de temporalidad en las labores que realizan. Para ello se adaptaría el régimen general a las características y particularidades del sector agrario.

Recordó, asimismo, que actualmente se cuenta con diversas modalidades de contratación a plazo fijo que podrían ser adecuadas a las labores del sector agrario y se debería establecer una garantía de recontratación de los trabajadores como ocurre en otros países  de la región.

Esta garantía de contratación prevista en el régimen general se podría aplicar a los contratos intermitentes y a los contratos de temporada. “Que el cálculo para la CTS se haga contabilizando los días y meses laborados”.

Plantean remuneraciones

En la derogada ley de promoción agraria, el pago de CTS y gratificaciones se incluían en la remuneración diaria que sumaba 39,19 soles. En el régimen general se contempla que para percibir CTS, remuneraciones, gratificaciones y vacaciones, el trabajador debe desempeñar sus funciones como mínimo un mes completo.

Sin embargo, por el carácter estacional y rotativo de los trabajadores se advirtió que en su mayoría no llegan a cumplir un mes continuo con su empleador, sino, de una a dos semanas.

“Por ello la propuesta es que los beneficios se paguen de manera proporcional”, explicó.

Se prohibirán las services

La propuesta del Ministerio de Trabajo es prohibir la tercerización laboral en las actividades principales de las empresas agrarias (como actividad agrícola o procesamiento de productos de agro exportación), se podría tercerizar en casos de personal que cumple otras funciones como contabilidad y administración.

Lima, 11 de diciembrede 2020

PRENSA-CONGRESO