El Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua previstas en la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, para su fortalecimiento.

La representación nacional aprobó, en primera instancia, por 74 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones. También, fue exonerado de segunda votación con 79 a favor, 23 en contra y diez abstenciones.

Según la propuesta se considera usuario de agua a toda persona natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Se incluye a los titulares de certificados nominativos que se deriven de una licencia de uso de agua en bloque.

Además, son derechos de los usuarios de agua, acceder al suministro de agua o monitoreo y gestión de agua subterránea, y recibir la dotación de agua en la cantidad, calidad y oportunidad que corresponden, de acuerdo con el derecho de uso otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), supeditado a las condiciones hidrológicas y las características de la infraestructura hidráulico, gozar en igualdad de oportunidades, de los beneficios que brinda la organización y solicitar y recibir información de forma oportuna sobre la gestión de la organización a la que integra, así como los demás derechos que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

Entre sus obligaciones del usuario, se encuentra el usar el agua en forma eficiente para el objeto y lugar que les fueran otorgados sin afectar derechos de terceros, bajo responsabilidad, sanción administrativa y denuncia ante los órganos pertinentes y contribuir a la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica y la conservación de las fuentes naturales ubicadas en la cuenca hidrográfica, sin afectar derecho de terceros, incluyendo aquellos establecidos en contratos de asociaciones públicos-privadas.

El legislador Edwin Martínez Talavera (AP) vicepresidente de la Comisión Agraria, señaló que el Estado garantiza la autonomía de las organizaciones de usuarios de agua y la elección democrática de sus directivos, con arreglo al reglamento y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lleva un registro de todas las organizaciones de usuarios de agua establecidas conforme a ley.

OFICINA DE COMUNICACIONES