La Representación Nacional, a pedido de la legisladora Rosa Bartra Barriga, dejó en cuarto intermedio el dictamen del PL 2774, que recomienda la derogación de las normas que promueven la implementación del voto electrónico.

La iniciativa propone derogar la primera disposición complementaria de la Ley 28571 y la Ley 29603, que autoriza a la ONPE a emitir normas para implementar este sistema.

 En la sustentación de la propuesta, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento indicó que en un proceso de consolidación del sistema democrático de los organismos públicos y las autoridades, y la desconfianza que existe en las instituciones, corresponde establecer mecanismos que permitan garantizar el carácter secreto del voto y que se asegure que los resultados de las elecciones sean reflejo auténtico, libre y espontaneo de la voluntad popular.

Agregó que ello implica que se deben reducir los riesgos y amenazas de manipulación de los resultados, intimidación o direccionamiento del sentido del voto.

En otro momento, Bartra indicó que la finalidad del voto electrónico en los procesos electorales es obtener resultados definitivos en el menor periodo de tiempo posible. Por eso se preguntó si ello solo era viable con la implementación del voto electrónico. “La respuesta es negativa”, dijo Bartra, porque se puede lograr con una adecuada capacitación a los miembros de mesa, entre otros factores.

Finalmente, dijo que la característica secreta del voto está reconocida expresamente la Constitución Política del Perú. “Un voto electrónico no garantiza esta necesaria característica del voto”, indicó.

En el debate, la autora de la iniciativa, congresista Lourdes Alcorta (FP), leyó informes de especialistas internacionales respecto a las deficiencias del voto electrónico. Informó que cada vez son más los países que abandonan ese sistema.

Recordó que ese mecanismo se usa en Venezuela, donde no se puede garantizar el secreto del voto. “Hay que conservar la institución de la votación, la democracia y la libertad. No a la usurpación, la manipulación y el hackeo de los votos”, concluyó.

Luego de escuchar los importantes aportes de los legisladores, la presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, dijo que se elaborará un nuevo texto pero “garantizando procesos electorales transparentes”.

INSTITUTO TECNOLÓGICO

     El Pleno del Congreso, con la asistencia inicial de 62 congresistas presentes, inició su sesión del jueves 23 aprobando por unanimidad (94 votos), el proyecto de ley N° 4252, que propone declarar de necesidad pública la expropiación del inmueble para el funcionamiento del Instituto de Educación Superior Tecnológica Público de Pisco.

    La propuesta fue exonerada del trámite de segunda votación y queda a la espera de su promulgación para, de esta manera, garantizar que 850 jóvenes de esa provincia y otras zonas de Ica puedan continuar con sus estudios de producción agropecuaria, computación, informática, enfermería y otras carreras de ese centro de estudios.

Al sustentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Educación, Milagros Salazar, dijo que la propuesta era una iniciativa de la municipalidad provincial de Pisco y propone declarar de necesidad pública la expropiación del inmueble de dominio privado en el que se encuentra ubicado el Instituto Superior Tecnológico Público Pisco, con la finalidad de continuar con su funcionamiento.

Añadió que la expropiación se encuentra justificada en la necesidad pública de asegurar el funcionamiento del Instituto Pisco y garantizar la prestación del servicio de educación superior técnica y proteger el derecho de la educación de los pobladores de la provincia.

Dijo que la expropiación tiene como única finalidad que el Instituto continúe en funcionamiento en el inmueble que ocupa actualmente, quedando prohibido tener un destino diferente.
“En Pisco hay un solo instituto público, de más de 32 años, que prepara y forma a los ciudadanos que tendrán que revertir esa preparación en el desarrollo de su región”, acotó.

Abierto el debate, los legisladores mostraron su apoyo a la iniciativa. Los congresistas Edgar Ochoa (NP) y Humberto Morales, y otros, coincidieron en abordar en forma integral la problemática que afrontan los institutos de educación superior, tecnológico y pedagógico, como el proceso de licenciamiento.

El parlamentario César Segura destacó la importancia de aprobar esa ley porque grandes profesionales han egresado de ese Instituto y hoy laboran en diferentes áreas productivas de la región. Su colega Alberto Oliva (PPK) dijo que el Estado ha invertido más de 10 millones de soles en su infraestructura y que no se puede hacer un daño a los estudiantes, que en su mayoría son de escasos recursos económicos y de sectores vulnerables.

Por su parte, la legisladora Karla Schaefer llamó la atención de la falta de decisión política del actual gobierno para atender uno de los problemas que afronta el país como es el saneamiento físico legal de las propiedades de los centros de salud, colegios, y otros.
“Esos son los problemas que debe enfrentar el Presidente de la República”, reclamó.

PRENSA-CONGRESO