Con la participación de congresistas de diversas bancadas, la Comisión de Constitución y Reglamento inició el debate del predictamen que propone la ley de reforma constitucional que elimina el voto de confianza luego de la presentación de un nuevo Consejo de Ministros. Para ello propone modificar el artículo 130 de nuestra Carta Magna.

La sustentación de la propuesta, que reúne los proyectos de ley nros. 206, 306 y 612/2021 estuvo a cargo de la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), presidenta de ese grupo de trabajo, quien aseguró que la finalidad es fortalecer el sistema de gobierno presidencialista que tiene el Perú

“Esta medida servirá de gran ayuda a la estabilidad política que necesita el país, fomentando canales de comunicación y de coordinación más productivos entre el poder ejecutivo y el Poder Legislativo”, dijo la legisladora.

La parlamentaria dejó en claro que esta propuesta no implica que el Congreso abdicará de su función de control parlamentario sobre las acciones que realiza el Poder Ejecutivo y para ello “siempre podrá hacer uso de otros mecanismos como la interpelación o la censura cuando veamos que se dañen los intereses públicos”, agregó.

Juárez dijo que -de aprobarse la propuesta- el Congreso ya no tendría la obligación de dar el voto de confianza a un Gabinete en cuya conformación no ha participado ni tampoco le corresponde participar por ser potestad única del mandatario de la Nación, quien tiene la discrecionalidad de elegir a quienes lo acompañen en su Gobierno, evitándose así enfrentamientos innecesarios entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el debate, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) estuvo de acuerdo con la proyectada norma. Indicó que el pedido de confianza fomentaba la búsqueda de consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, se ha convertido en una figura perversa para orientarla al cierre del Congreso.

El legislador Alejandro Muñante (RP) dijo que la propuesta reafirma el sistema presidencialista y además el principio de separación de poderes.
“No estamos en un sistema parlamentarista, es una figura que no calzaba con nuestro sistema presidencialista. No estamos para dar el visto bueno a un Gabinete”, agregó.

Para el congresista Víctor Cutipa Ccama (PL) este tipo de reforma lo que busca no es fortalecer la igualdad de poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que se enmarca en el “fantasma de cerrar el Congreso”. Propuso que se incluya en el texto que “la exposición no da lugar a voto de confianza ni censura” pues de ese modo sí se estaría equilibrando la balanza.

El parlamentario Edgard Reymundo Mercado (JP) sostuvo que en estos temas es necesario buscar consensos y no estar manejándolo por el temor de cerrar el Congreso. “Hay que debatir para encontrar una salida democrática constitucional”, dijo.

El parlamentario José Balcázar Zelada (PL) estuvo de acuerdo con seguir el debate en otra sesión en la que se invite a representantes de la academia. “Es necesario madurar bien la cosa y tener opiniones, por ejemplo, de las facultades de derecho”, dijo.

A su turno, el congresista Alejandro Aguinaga (FP) consideró oportuna hacer la precisión constitucional que tiene que primar para que nunca más se ejerza presiones al Parlamento por la intención de cerrarlo.

Para el congresista Waldemar Cerrón (PL) esa figura debe continuar como esta y no hacer modificaciones constitucionales. “Aquí se está maltratando la figura del presidente”, opinó.

En tanto, el parlamentario Eduardo Salhauna (APP) opinó que es correcta la propuesta y deberíamos respaldarla.
Agotado el debate, Patricia Juárez señaló que se tomarán en cuenta los aportes de los legisladores para consensuar un nuevo texto que será presentado en una próxima sesión. Agregó que el debate continuará con el aporte de especialistas en la materia.

SUSTENTAN INICIATIVAS

Al inicio de la sesión, el congresista Luis Aragón Carreño (AP) sustentó el Proyecto de Ley 672/2021-CR, Ley que impide que personas con acusación fiscal por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos, terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, violación de la libertad sexual y crimen organizado, en calidad de autoras o cómplices, a ser candidatos a cargos públicos de carácter representativo.

La propuesta busca impedir que personas que habiendo sido denunciadas y cuentan con acusación fiscal puedan postular a un cargo de elección popular.
Enseguida, el legislador Víctor Cutipa Ccama (PL) tuvo a su cargo la sustentación del Proyecto de Ley 691/2021-CR, Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales y el artículo 14 de la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales

El propósito de la proyectada norma -dijo el congresista- es introducir como causal de impedimento para participar en las elecciones municipales y regionales que el postulante tenga deuda tributaria en estado de cobranza coactiva.

Posteriormente, se realizó la sustentación del Proyecto de Ley 916/2021-CR, Ley que impide postular a cargos públicos a quienes tienen deudas con el Estado por el congresista Edgar Tello Montes (PL). Para ese efecto se propone modificaciones en las leyes de elecciones regionales y municipales

JUICIO POLÍTICO

En otro momento, la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) sustentó el Proyecto de Ley 1204/2021-CR, Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución Política.

Además de los motivos por los cuales el presidente de la Republica puede ser acusado, establecidos en el artículo 117 de la Constitución, la propuesta contempla agregar que “asimismo, puede ser acusado, durante su período, por la imputación de graves delitos vinculados con actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos o por graves infracciones a la Constitución”.

La parlamentaria dijo que el propósito es regular un procedimiento de juicio político al presidente de la República a fin de que responda durante su mandato a las graves imputaciones que puedan tener y salvaguardar así tanto al país, como a la investidura de la Presidencia de la República

Finalmente, el congresista Eduardo Salhuana (AP) sustentó el Proyecto de Ley 1227/2021-CR que propone la modificación del artículo 7 y la incorporación de la decimotercera Disposición Transitoria en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas referido al padrón de afiliados.

La medida propuesta tiende a fortalecer al sistema político y el sistema de partidos políticos, que estaría siendo vulnerado por normas de menor jerarquía a las leyes, dijo el legislador.

OFICINA DE COMUNICACIONES