La Comisión Investigadora del caso ‘Lava Jato’ hizo una serie de recomendaciones a las principales instituciones públicas del país y propuso que inicien las investigaciones que les corresponden al interior de ellas, así como de los funcionarios que estuvieron comprometidos en el favorecimiento a las empresas constructoras brasileñas y las consorciadas en el Perú.

            Las propuestas las hizo la congresista Rosa Bartra, presidenta de ese grupo investigador, durante su informe al Pleno del Congreso sobre el trabajo realizado.

            Recomienda al Congreso que revise la normativa existente y que haga una mayor regulación sobre la legislación relacionada con las contrataciones del Estado. Que inicie las investigaciones a los proveedores de las empresas brasileñas y a las consorciadas, así como de sus actividades. De igual forma, recomienda que se investigue a las empresas consultoras y asesoras. Bartra dijo que el número de las ellas es cuantioso y no hubo el tiempo suficiente para hacerlo.

            Hizo hincapié en que hay un abundante acervo documentario al respecto que puede ser usado como insumo para futuras investigaciones.

            Se recomienda al Poder Ejecutivo que evite la suscripción de nuevos contratos con personas jurídicas protegidas, con privilegios o inmunes a las investigaciones, así como con aquellas que están exentas de cualquier tipo de control o fiscalización.

            Recomienda a la Contraloría General de la República investigar en forma interna las razones por las que no se realizaron las labores de control que son de su competencia.

            A la Sunat, que inicie una investigación interna, porque no la hubo, para determinar la responsabilidad de sus funcionarios; a la OSCE igualmente una investigación interna porque no realizó labores de control.

            A la Presidencia del Consejo de Ministros recomienda investigar los motivos por los cuales Ositran y Osinergming no regularon los proyectos en salvaguarda de los intereses del país, así como determinar las responsabilidades de los funcionarios.

            De la misma manera, que ProInversión realice las investigaciones del caso en forma interna, desde el 2000 al 2016.

            Bartra dijo que hubo limitaciones e información tardía a los requerimientos de la Comisión por parte de la Sunat y el Ministerio Público y cuestionó la negativa al acceso a los audios, vídeos y declaraciones de los empresarios Marcelo Odebrecht y Jorge Barata.

            De otro lado, también se quejó del poco apoyo, aduciendo privilegios de carácter internacional, de la Organización Internacional de Migración- IOM-OIM- y de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

PRENSA CONGRESO