La Comisión de Fiscalización y Contraloría orientó su labor, este lunes 6, a esclarecer la denuncia de posibles actos de favorecimiento al interno Miguel Marcelo Salirrosas, alias el Diablo, recluido inicialmente en el penal de Trujillo, y las presuntas irregularidades en los procesos de nombramiento docente en la Universidad Nacional de Ucayali.

Durante la sesión, el congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP), vicepresidente de la comisión, formuló diversas interrogantes al expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Llaque Moya, con el propósito de precisar si, durante su gestión, se habrían producido visitas, coordinaciones o solicitudes de traslado que pudieran haber beneficiado al mencionado interno.

El parlamentario también solicitó esclarecer si existieron comunicaciones directas o indirectas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y el INPE, así como los motivos que llevaron al traslado del interno desde el penal de Trujillo hacia el penal de Cajamarca, ocurrido recientemente.

En su exposición, Llaque Moya afirmó que no mantuvo contacto alguno con el interno Marcelo Salirrosas, ni recibió ninguna solicitud de traslado o beneficio a su favor. “Ningún contacto y ninguna solicitud. De haber ocurrido algo así, habría sido informado”, aseguró.

Asimismo, el exfuncionario aclaró que el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, nunca visitó el penal de Trujillo ni tuvo relación con el interno en mención.
Respecto a la conducta penitenciaria del interno, Llaque Moya explicó que, según información proporcionada por el actual presidente del INPE, el traslado de Salirrosas al penal de Cajamarca obedeció a una medida disciplinaria.

Agregó que el interno permaneció en el penal de Trujillo y en el mismo pabellón donde fue inicialmente clasificado hasta hace aproximadamente dos meses, cuando fue trasladado por disposición disciplinaria.

El congresista Carlos Zeballos Madariaga (BDP) señaló que la Comisión de Fiscalización y Contraloría continuará recabando información y testimonios a fin de determinar si existieron o no presiones políticas o administrativas dentro del sistema penitenciario.

PRESUNTO NOMBRAMIENTO IRREGULAR

En la misma sesión, la comisión también abordó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en los procesos de nombramiento de docentes en la Universidad Nacional de Ucayali y uso indebido de recursos públicos en dicha casa superior de estudios.

El docente Wilmer Huamanyauri Cornelio expuso una denuncia sobre el presunto nombramiento ilegal de la señora Lucena Isabel Moreno Moreno, quien según indicó sería esposa del actual rector de la universidad.

El congresista Zeballos Madariaga solicitó precisiones sobre el avance de las investigaciones y preguntó si el caso ya había sido derivado al Ministerio Público. En respuesta, el denunciante informó que la Fiscalía Anticorrupción de Ucayali se encuentra investigando el caso y que incluso el fiscal acudió al campus universitario para recabar documentación vinculada a un proceso de ascenso donde también figuraba la esposa del rector.

Ante ello, el congresista Carlos Zeballos anunció que la comisión solicitará la intervención de la Contraloría General, así como informes a la SUNEDU y a la universidad. Adelantó que se realizará una sesión descentralizada en Pucallpa el viernes 17, con el fin de recoger evidencias y testimonios in situ.

Por su parte, el legislador Jorge Marticorena Mendoza (APP) expresó su preocupación por las presuntas prácticas irregulares y sostuvo que en varias universidades públicas se ha dejado de lado la meritocracia por intereses personales o clientelistas. “Saludamos a las autoridades que apuestan por la transparencia y el mérito en la función pública”, subrayó.

También participó el rector de la Universidad Nacional de Ucayali, Eduardo Braul Gomero, quien negó haber intervenido en los procesos de nombramiento cuestionados, señalando que en el periodo 2018–2021 no ejercía cargo alguno.

“Dejo constancia de que no he participado en ninguno de los procesos de nombramiento a los que se hace referencia. En ese periodo, me encontraba fuera de funciones por motivos familiares. Quien condujo todo el proceso fue el vicerrector académico encargado del rectorado”, manifestó.

Respecto al cuestionamiento sobre su cónyuge, el rector precisó: “Mi esposa es abogada, magíster y doctora en Derecho, y su nombramiento no fue producto de mi gestión. Yo no era rector en 2018; lo hizo el anterior rector. Si ella está allí, es por sus propios méritos”.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL