Las personas sin recursos ubicados en el interior del país tendrán acceso a la justicia en materia de demanda de alimentos, filiación y violencia, entre otros,  a través de llamada “justicia itinerante” que atenderá los casos en sus mismas jurisdicciones buscando romper las barreras de la pobreza, distancia y desconocimiento.

Así aprobó en forma unánime la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad una iniciativa legislativa proveniente del Poder Judicial que busca un impacto a nivel de la norma la experiencia que viene desarrollando desde el 2015.

La presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Gloria Montenegro (APP), calificó de “positivo, necesario y lindo” el proyecto 1861/2017-PJ, y con ella coincidieron los demás miembros de su comisión.

Frente a un pedido del congresista Juan Carlo Yuyes (FP) la propuesta aprobada con cargo a redacción, será complementada con otras que tienen el mismo objetivo.

La iniciativa  fue sustentada por el juez superior  Christian Hernández Alarcón, quien es coordinador distrital de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

El magistrado indicó que el origen del proyecto fue la denominada “Mesa de Partes Móvil de Alimentos y Filiación”, que recepcionaba las demandas, pero que con la experiencia vieron la necesidad de ampliar el servicio y solucionar en el lugar los casos, “incluso retirar al agresor”.

Explicó que en la actualidad, desde el 2015, reciben las demandas en carpas que se arman en lugares escogidos por su vulnerabilidad y donde se instalan abogados y profesionales de diferentes especialidades para atender en asesoría legal, interposición de demandas de alimentos, reconocimientos de hijos y tramitan partidas de nacimiento, haciendo el seguimiento respectivo.

Con respecto a la propuesta señaló que se llevará el juzgado a las víctimas, con lo cual se cambia el enfoque de la atención judicial haciendo que el Estado llegue a todo el país, se utilice la información en línea, se use la infraestructura estatal y se promueva un servicio multipuerta, entre otros.

“Se imaginan el impacto  en el país si esta experiencia -que viene dando buenos resultados- se convierte en ley”, preguntó al referir que de tres mil casos fueron resueltos dos mil 500. (MED)

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PRENSA-CONGRESO   25-09-2018

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