El Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas, constituido por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera —que coordina el congresista Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular)—, organizó una mesa técnica denominada «Minería ilegal: Trazabilidad de oro, control de explosivos, REINFO», con la finalidad de contar con soluciones viables e inmediatas para combatir este grave delito.

INTERVENCIÓN DEL IIMP

El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea Bellatin, consideró que nuestro país debe aprovechar la gran cantidad de minerales que se usan y comercializan, pero trabajando en su formalidad. Recordó que la minería formal representa el 10 % del PBI, más del 66 % de las exportaciones, 6200 millones de dólares en ingresos, 290 000 puestos de trabajo formales directos y más de un millón y medio indirectos.

Informó que el cobre ha subido un 16 % en lo que va del año, en tanto que el oro ha duplicado su valor desde 2024, ubicándose alrededor de los 4000 dólares la onza, mientras que el zinc ha subido un 25 %. Asimismo, indicó que el 70 % de los proyectos son de cobre, lo que nos encaminaría a ser los primeros productores mundiales de este metal.

No obstante, advirtió que la ilegalidad representa una gran amenaza. Señaló que el REINFO ha generado una explosión de la minería ilegal de oro, poniendo en riesgo la minería formal y la estabilidad del propio Estado peruano.

Alertó también sobre la contaminación irreversible de mercurio en fuentes de agua y seres humanos, además de las violaciones a los derechos humanos. Indicó que en los distritos con mayor presencia de minería ilegal los homicidios por cada 100 000 habitantes se multiplican hasta en un 45 % por encima del promedio nacional, lo que evidencia una clara conexión entre la minería ilegal y la violencia.

De Vinatea detalló que la producción actual de la minería ilegal de oro se estima en 110 toneladas al año —superando a la minería formal, que exporta 100 toneladas anuales—, por lo que este problema ha desbordado incluso al narcotráfico y constituye una amenaza crítica para el Estado.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

El representante del IIMP propuso cerrar las puertas a herramientas como el REINFO, que culminará a fin de año, y regirse bajo la Ley General de Minería y la Ley que promueve la minería formal de pequeña escala (dada en 2002), protegiendo al trabajador minero formal.

Planteó que el Estado formalice la actividad a través de plantas de procesamiento para legalizar la exportación de oro y garantizar el pago de tributos. Por último, indicó que el instituto promueve la refinación del oro en el país para otorgarle mayor valor agregado.

SUNAT Y ADUANAS

Wilfredo Albarracín Montenegro, funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), resaltó la importancia de la trazabilidad y señaló que basta con contar con un comprobante de compra válido para realizar la exportación.

MINEM

Daniel Castillo, analista legal de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó que a la fecha existen dos procesos para obtener permisos: el regular u ordinario y el excepcional, este último permite desarrollar actividades mientras el trámite sigue en curso.

Aclaró que aún no se cuenta con toda la documentación debido a un proceso pendiente de transferencia de acervo documentario por parte de los gobiernos regionales. Añadió que se han excluido del proceso a más de 8000 personas o empresas y se retiraron 50 565 inscripciones que llevaban más de un año suspendidas.

COMITÉ DE FABRICANTES DE EXPLOSIVOS

Renzo Gomero, gerente del Comité de Fabricantes de Explosivos, informó que mediante sus sistemas y en coordinación con la Sucamec es posible identificar el destino de las ventas según cada transacción, y aseguró que realizan evaluaciones técnicas para bloquear a clientes que exceden sus pedidos habituales.

SUCAMEC

José Marcelo Montero, especialista legal de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), indicó que se trabaja en un proyecto para estandarizar el control de explosivos que ingresan por vías formales. Asimismo, informó que se han decomisado 30 millones de toneladas de explosivos sin registro ni codificación que ingresan al país por contrabando fronterizo.

SNI – SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

Iván Salas, director del Comité Especial de Plantas Procesadoras de Minerales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó que impulsan una minería a pequeña escala más formal y responsable, con un enfoque de trazabilidad del oro desde la mina hasta la joyería para cumplir con estándares internacionales.

Por su parte, el director técnico Máximo Gallo enfatizó que el principal obstáculo para la formalización son las concesiones mineras, por lo que propuso reformar la Ley de Concesiones Mineras y modificar la Ley General de Minería para otorgar un plazo máximo de cinco años para trabajar formalmente la concesión, bajo apercibimiento de retiro.

Asimismo, planteó un autogravamen del 2 % de la facturación de la MAPE destinado a un fondo para temas ambientales, cierre de minas y seguro médico obligatorio; un plazo de 120 días para que el Minem implemente un nuevo régimen simplificado; la obligación del Banco de la Nación de otorgar una cuenta bancaria a cada minero; y un régimen de regalías para los contratos de explotación.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL