El Grupo de Trabajo sobre Economías Ilícitas de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, presidido por Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), realizó su primera mesa técnica de trabajo, denominada “Marco Macroeconómico y Costo Fiscal de las Economías Ilícitas”.

El encuentro tuvo como objetivo recoger y contrastar información para dimensionar los impactos económicos y fiscales de las economías ilícitas, así como identificar las principales brechas de información. Para ello, fueron convocados Wilfredo Albarracín Montenegro, gerente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y Carlos Arturo Gonzales Vega, jefe de la División de Inteligencia Aduanera.

Asimismo, participaron Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), y Dante Vera Miller, director de V&C Analistas, quienes asistieron junto con sus respectivos equipos técnicos.

Antes de las exposiciones, el presidente del grupo de trabajo, Jaime Abensur Pinasco, señaló que este espacio tiene como propósito analizar y contribuir al control de la minería ilegal, el comercio y el tráfico ilícitos, la tala ilegal y el lavado de activos, desde una perspectiva transversal.

“Lo que buscamos es transparentar este problema, que realmente es serio en el país”, expresó.

SUNAT e IPE exponen brechas en la información sobre las exportaciones de oro

Durante su intervención, el representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Wilfredo Albarracín Montenegro, destacó la importancia de contar con información precisa para la toma de decisiones. En ese sentido, explicó que el oro exportado por el Perú no sale necesariamente en estado puro, sino principalmente bajo la forma de doré, una aleación que contiene oro.

“La data que reporta el Ministerio de Energía y Minas sobre lo que exporta el Perú, al tratarse de doré, no es equivalente a lo que reporta el ministerio”, señaló.

Por su parte, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que, según las estimaciones de la institución, al cierre del año el valor de las exportaciones de oro de origen ilegal podría alcanzar al menos los 16 mil millones de dólares, una cifra superior al valor de las agroexportaciones del año anterior.

“Nosotros exportamos cada año alrededor de 200 toneladas de oro y existe la obligación de reportar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) quién lo produce. Lo que sucede es que en el Minem solo encontramos declaradas 100 toneladas. Entonces, hay una diferencia que nadie explica de dónde salió, y eso es lo que llamamos minería ilegal”, detalló Gallardo.

Agregó que esta brecha se ha incrementado con el tiempo, debido al aumento de la producción de oro cuyo origen no puede ser explicado. Asimismo, advirtió que la minería ilegal no solo ocupa espacios donde no debería operar, sino que también compite con la minería formal y retrasa el desarrollo de proyectos.

“A diferencia de otras actividades ilegales, nosotros decimos que la minería le toca la puerta al Estado en varias oportunidades”, expresó.

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