La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados acordó, por unanimidad, realizar una Mesa de Trabajo Técnica sobre la Proposición Legislativa 088-2026-2031-CD, que plantea la “Ley de desarrollo sostenible de las actividades agrarias en la Amazonía”, a fin recibir la opinión especializada de los sectores cultura, ambiente y otras instancias relacionadas con el tema, debido a que también tiene que ver con la deforestación.

Como autor de la iniciativa, el diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) aseguró que las áreas naturales protegidas y las reservas indígenas están expresamente excluidas, por lo que planteó una cuestión previa. No obstante, algunos miembros de la comisión advirtieron que la propuesta legislativa no cuenta con opinión técnica de los sectores competentes y que la consulta previa sigue sin resolverse.

La propuesta de ley busca ordenar y formalizar la actividad agraria y facilitar el acceso a créditos, asistencia técnica y programas del Estado. Pese a ello, otros diputados cuestionaron la iniciativa a fin de mantener el pulmón de la Amazonía libre de contaminación, en apoyo a las poblaciones que conviven en comunión con la naturaleza.

Asimismo, consideraron que la formalización es necesaria, pero que la autoridad forestal debe tener la última palabra cuando se trata de bosques, y no solamente el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Al respecto, el titular de la comisión, diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular), sostuvo que se requiere un marco normativo que permita ordenar a los productores agrarios para realizar una actividad sostenible.

EXPOSICIÓN FUNCIONARIOS DE LAP Y MTC

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Lima Airport Partners (LAP), en ausencia de sus titulares, informaron sobre la superación de los ECA Ruido y Contaminación Acústica, así como las acciones y medidas adoptadas ante esa situación provocada por las operaciones y sobrepasos aéreos nocturnos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Estos incidentes registran niveles que exceden los estándaresidad de calidad ambiental para ruido residencial, afectando a los vecinos de los distritos de San Miguel, Callao, Bellavista y Carmen de la Legua.

Algunas interrogantes quedaron pendientes, por lo que serán respondidas por escrito y, de ser necesario, se volverá a convocar al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal.

PEDIDOS

En la estación de pedidos, la diputada María Luisa Silupú Inga (Fuerza Popular), representante por Piura, expresó su preocupación por las alertas meteorológicas frente al fenómeno de El Niño, por lo que consideró una obligación tomar acciones ante las lluvias que se intensifican. En ese sentido, pidió a la comisión hacer seguimiento a la descolmatación de los ríos y quebradas, al funcionamiento del drenaje fluvial y a la atención de los puntos críticos que ponen en riesgo a la población.

Igualmente, informó que el principal problema identificado está relacionado con el sistema de alcantarillado y descargas de aguas residuales, por lo que solicitó realizar el seguimiento de la obra del primer relleno sanitario de Piura en Catacaos, obra fundamental que protegerá la salud de los piuranos.

Pidió, asimismo, que se requiera al Ministerio del Ambiente (MINAM), a través de la unidad ejecutora, un informe actualizado sobre el avance físico y financiero de la obra, el cumplimiento del cronograma contractual y la fecha prevista para su culminación.

El diputado Geanmarco Quezada (Fuerza Popular) solicitó que el MINAM informe sobre las acciones de prevención ante los incendios forestales. En tanto, la diputada Nora Llaque Linares, representante por La Libertad (Partido del Buen Gobierno), advirtió que el ministro de Agricultura y Riego, Marco Vinelli, firmó una resolución ministerial eliminando el procedimiento de evaluación de riesgo ambiental para el registro de plaguicidas de uso agrícola, el cual sirve para verificar si los productos destinados a la alimentación son tóxicos o no.

Por ello, pidió que se aplique la sentencia del Tribunal Constitucional para suspender inmediatamente la utilización de productos tóxicos, al declarar fundada la demanda interpuesta por la Asociación Apurimeña de Consumidores y Usuarios y la Asociación de Productores y Comercializadores Agroecológicos de Apurímac. En dicha sentencia se ordena al SENASA la suspensión de la venta, distribución y uso de los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas como clorpirifos, glifosato y clotianidín que sean para consumo humano.

Añadió que el titular del MIDAGRI y los funcionarios responsables deben explicar ante la comisión por qué no se acata la sentencia del Tribunal Constitucional al permitir que los alimentos contengan residuos de plaguicidas, entre otros aspectos.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL