El responsable de la inseguridad ciudadana que vive el país es el gobierno central, a través de los ministerios del Interior y de Economía y Finanzas, y la falta de adopción de medidas inmediatas, como la necesidad de la rotación del personal que trabaja en el Instituto Nacional Penitenciario (IINPE) a nivel nacional, para afrontar la difícil situación producida por el aumento de la delincuencia.

Esta son, entre otras, las conclusiones a las que se arribaron en la octava sesión descentralizada de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, realizada en la ciudad piurana de Sullana, declarada en emergencia desde el pasado 19 de setiembre.

El presidente de la comisión, congresista Alfredo Azurín Loayza (SP), dirigió la reunión que congregó a autoridades ediles, judiciales, policiales y a representantes de la sociedad, quienes manifestaron su preocupación por los índices delincuenciales y criminales que han alcanzado hasta el momento, en particular en la zona norte del país.

Azurín Loayza sostuvo que desde las cárceles los delincuentes realizan actos de extorsión, chantaje y dirigen los atentados contra la población utilizando celulares, ante la vista y paciencia de quienes deben ser cuidadores dele orden público. “Desde hace dos años estamos pidiendo que se cambie de lugar al personal del INPE, pero hasta el momento ni se inicia el proceso”, lamentó.

A la cita legislativa no concurrió el titular del Interior, Vicente Romero Fernández, quien estuvo convocado, sino el responsable del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, Héctor Heráclides Loayza, a quien el parlamentario transfirió todas las demandas que le fueron presentadas.

Participaron en la sesión los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), Miguel Ciccia Vásquez (RP), Guido Bellido Ugarte (PB) y José Pazo Nunura (SP).

La congresista Yarrow Lumbreras fue enfática en cuestionar que el gobierno central no haya declarado de emergencia al departamento de Piura y solo lo haya hecho con Sullana, puesto que debe asumir el problema en forma integral para evitar que la delincuencia migre a otras partes del territorio piurano.

Las autoridades judiciales coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer las unidades de flagrancia, que congrega a los operadores del Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública tanto en capacitación como presupuestalmente.

En ese sentido se pronunciaron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, el titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Jaime Lora Peralta; y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, Gladys Aída Péndola Arviza, entre otros.

Indicaron que el funcionamiento de las unidades de flagrancia en las cortes superiores de Lima Este y Lima Norte, donde se juzgan y sancionan los delitos por flagrancia, han tenido buenos resultados, incluso en menos de 72 horas.

Por su lado, los alcaldes coincidieron en su preocupación y cuestionamiento al gobierno central por no mejorar los presupuestos para destinarlos a la lucha contra la delincuencia con altos niveles de criminalidad que azota a Piura, como corresponde si se asumiera el problema con responsabilidad.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL